La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al comunicador social Jovanny de Jesús Bustos Cortés, señalado como el presunto cerebro y autor intelectual detrás de la falsificación de un diploma profesional que involucra a la reconocida actriz, modelo y exreina popular de Cartagena, Yeimy Paola Vargas Gómez.
Antecedentes del caso
Un fiscal de la Seccional Bolívar ya había imputado el pasado 30 de abril a la exreina popular por su presunta responsabilidad en dos delitos: la presentación de documentación falsa para la suscripción de un contrato con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y peculado por apropiación en calidad de interviniente.
Según el ente investigador, Vargas Gómez habría cargado en la plataforma Secop II un título falso que la acreditaba como técnica laboral en actuación y teatro. El documento fue expedido por un instituto de Bucaramanga, logrando así que la exreina cumpliera con los requisitos establecidos por la entidad para acceder a una mejor condición en la tabla de honorarios. De este modo, la joven pudo ubicarse como contratista con formación técnica en el IPCC y acceder a una alta suma de dinero por sus servicios.
Aprovechamiento institucional en las Fiestas de Independencia
De acuerdo con el expediente y las líneas de investigación penal de la Fiscalía, las irregularidades se habrían gestado aprovechando la vinculación laboral y contractual de Jovanny de Jesús Bustos Cortés y Yeimy Paola Vargas con el IPCC. Para la época de los hechos, la exreina ya se desempeñaba en la institución como instructora de las candidatas al Reinado Popular del 11 de Noviembre, una de las vitrinas culturales más importantes de la Costa Caribe.
Las pesquisas indican que Bustos Cortés habría actuado como un colaborador estratégico dentro de la entidad cultural. Valiéndose de su acceso, cercanía y conocimiento de los filtros internos, el comunicador social presuntamente diseñó la estrategia para alterar el título académico con el fin de certificar el perfil de la joven y cumplir así con los requisitos contractuales que hoy la justicia califica como fraudulentos.
Golpe a la credibilidad de la institucionalidad cultural
El caso ha trascendido el ámbito puramente judicial para convertirse en un severo cuestionamiento a los procesos de contratación del Distrito de Cartagena. Con la imputación de Bustos Cortés, la Fiscalía busca descifrar qué tan profunda es la red de manipulación de documentos oficiales dentro de los programas culturales y si existen otras figuras públicas o contratistas que hayan accedido a cargos e incentivos mediante títulos espurios.
"Con esta acción judicial, el ente acusador busca determinar el grado de responsabilidad del implicado, considerado pieza clave en la supuesta manipulación que afectó la credibilidad institucional", señalaron fuentes de la Fiscalía, enfatizando que se busca sentar un precedente drástico contra el uso indebido de documentos públicos en las entidades del Estado.
Hasta el momento, las directivas del IPCC han manifestado su total disposición para colaborar con el suministro de las carpetas contractuales y los soportes de las hojas de vida requeridas por los investigadores. Mientras la audiencia avanza en los despachos judiciales de Cartagena, el escándalo empaña el legado pedagógico de las escuelas de formación de reinas, dejando en evidencia que las presiones por acceder a la contratación pública en el sector cultural pueden terminar en severos procesos penales tras las rejas.
