La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa disciplinaria para investigar posibles irregularidades en la ejecución de un contrato de videovigilancia en Barrancabermeja, cuyo valor asciende a cerca de COP 6.500 millones.
Detalles de la investigación
El proceso busca establecer eventuales responsabilidades de funcionarios de la administración distrital en la contratación, adquisición, instalación y operación del sistema de cámaras de seguridad (CCTV), considerado clave para la vigilancia urbana en esta ciudad del Magdalena Medio. Según el Boletín 378 del Ministerio Público, la actuación pretende esclarecer posibles fallas en el contrato y verificar la correcta ejecución de los recursos públicos vinculados al sistema de videovigilancia.
Sistema con fallas y baja operatividad
De acuerdo con el ente de control, de aproximadamente 125 cámaras instaladas en distintos puntos del distrito, solo cerca de 25 estarían en funcionamiento, mientras que un número significativo se encuentra fuera de servicio, afectando la cobertura y la seguridad ciudadana. La Procuraduría advirtió que estas deficiencias podrían estar relacionadas con problemas en la ejecución del contrato, incluyendo problemas técnicos, ausencia de almacenamiento de video funcional y falta de software especializado para su administración.
La Policía indicó que no cuenta con elementos técnicos que permitan certificar el funcionamiento del centro de monitoreo asociado a este sistema, lo que implica que no es posible validar plenamente su operación ni su efectividad en la ciudad. El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales para esclarecer los hechos y determinar si existieron fallas en la planeación o ejecución del contrato.
El ente de control enfatizó que la actuación se encuentra en etapa preliminar y no implica atribución de responsabilidad disciplinaria, por lo que de los resultados dependerá si se abre una investigación formal.
