La Justicia Penal Militar abrió una investigación por la existencia de una mina de oro ilegal en el municipio de Caucasia, Antioquia, específicamente al interior de la base militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles. La entidad explicó que el objetivo es esclarecer los hechos, para lo cual se han desplegado todas las capacidades institucionales.
Revelación del diario The New York Times
La revelación fue hecha por el diario The New York Times, que denunció cómo la mina ilegal estaba siendo explotada en terrenos de una base militar en Caucasia. El caso de La Mandinga apunta a una explotación aurífera irregular que habría sido utilizada como fuente de financiación de un grupo armado ilegal, específicamente el Clan del Golfo.
Detalles de la operación ilegal
Según la publicación, los mineros deben pagar al Clan del Golfo un impuesto por el derecho a explotar La Mandinga. La gravedad del asunto sostiene que esta mina no es un caso aislado, sino una fuente de financiación para la organización criminal. El Ejército, a través de un comunicado, aceptó que entre 2.000 y 2.500 mineros informales han ocupado los terrenos para adelantar explotación ilícita de yacimientos mineros sin ningún título ni amparo legal, causando un deterioro ambiental severo e irreversible en la región.
Respuesta de las autoridades
El Ejército señaló que en los límites del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles se localiza la finca La Mandinga, un predio de aproximadamente 2.000 hectáreas que se encuentra bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por extinción de dominio. Asimismo, informaron que se han realizado más de 20 intervenciones directas sobre la zona, logrando la destrucción de maquinaria y demás elementos empleados en estas actividades criminales.
Competencia de las autoridades locales
La Agencia Nacional de Minería (ANM) precisó que desde el 10 de octubre de 2025 solicitó formalmente a la Alcaldía de Cáceres, Antioquia, activar las medidas de amparo administrativo correspondientes frente a una presunta ocupación irregular del área minera por parte de terceros. En su pronunciamiento, la ANM expresó que, de acuerdo con el Código de Minas, la verificación de este tipo de denuncias y la adopción de medidas como la suspensión de actividades no autorizadas en zonas tituladas son competencia de las autoridades locales y de policía. Por ello, la entidad subrayó que actuó dentro de sus funciones legales y que realizó las alertas pertinentes de manera oportuna ante la situación reportada en el territorio.
