El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vuelve al centro del debate público en Colombia, esta vez por una propuesta legislativa de la senadora Paloma Valencia, quien plantea que el Estado asuma el pago del seguro para motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos. La iniciativa aparece en un momento clave: aunque el sistema dejó atrás su crisis más aguda, todavía enfrenta problemas estructurales de financiación y cobertura.
La propuesta de Paloma Valencia
“En mi gobierno las motos de hasta 250 cc no tendrán Soat. Nos vamos a anticipar con un proyecto de ley que garantiza la atención en salud en caso de accidentes a través del Estado”, escribió Valencia en sus redes sociales. Juan Carlos Pinzón, integrante de la coalición que la respalda, ya había planteado una idea similar anteriormente.
¿Qué implicaría esta medida?
La propuesta busca eliminar la barrera económica para millones de motociclistas que no pueden costear el Soat. En Colombia, la mayoría de las motos son de cilindraje inferior a 250 cc, por lo que la medida beneficiaría a un amplio sector. Sin embargo, surgen dudas sobre el impacto fiscal y la sostenibilidad del sistema.
El contexto del Soat en Colombia
Durante los últimos años, el Soat ha sido uno de los ramos más tensionados del sistema asegurador colombiano. Según Fasecolda, el modelo funciona pero es frágil. Los costos de los accidentes de tránsito han crecido más rápido que los ingresos por la venta del seguro. Las causas principales son la alta accidentalidad vial, especialmente de motocicletas; la evasión del Soat, que también lideran los motociclistas; y el fraude en recobros médicos.
Señales mixtas en 2025
El cierre de 2025 mostró una leve mejora en indicadores de siniestralidad y se mantuvo la reducción de tarifas del 50 % implementada por el Gobierno para incentivar la compra del seguro. Esta estrategia logró una estabilización parcial: el Soat no colapsó, pero tampoco alcanzó una sostenibilidad plena. Millones de motocicletas aún circulan sin Soat vigente, presionando las finanzas del sistema de salud.
¿Es viable la propuesta?
Actualmente, el Soat opera bajo el principio de que quien genera el riesgo paga el seguro. Si el Estado asume el costo para un segmento amplio del parque automotor, el gasto se traslada al presupuesto público. Expertos advierten que esto podría convertir el Soat en un subsidio estatal permanente, lo que a largo plazo implicaría más impuestos. Las motocicletas representan el grupo con mayor siniestralidad, por lo que asumir su cobertura requeriría un compromiso fiscal significativo y sostenido.
Además, algunos analistas señalan el riesgo de reducir los incentivos para la prevención si el conductor deja de asumir directamente el costo del seguro. Aunque la propuesta de Valencia es distinta a las ideas del presidente Gustavo Petro, recuerda cuando el entonces candidato del Pacto Histórico proponía bajar el precio del Soat “radicalmente”.
La iniciativa abre un debate profundo sobre el modelo de financiación del Soat y su sostenibilidad a largo plazo, mientras se busca garantizar la atención en salud para todas las víctimas de accidentes de tránsito.
