Durante este cuatrienio, la salida masiva de oficiales de la Fuerza Pública se ha convertido en una constante. Con frecuencia se anuncia que un número significativo de generales, coroneles y capitanes abandonan las filas, ya sea por decisión propia, por disposición de sus superiores o del Gobierno, muchos en contra de su voluntad, lo que podría dar lugar a costosas demandas. Este diario ha denunciado inconsistencias en estos procesos que requieren aclaración urgente.
El capítulo más reciente, que duró tres meses y concluyó la semana pasada, implicó la salida de 59 mayores y coroneles. Además, durante el gobierno actual, 79 generales y almirantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía han sido llamados a calificar servicios. A esto se suma la disminución de soldados y policías: el reclutamiento ha caído y hoy hay unos 57.000 efectivos menos que en 2021, un dato inquietante.
Renovación versus pérdida de experiencia
No se desconoce que la renovación constante es inherente a la milicia, en una organización vertical que premia a los más destacados con ascensos. Tampoco que tras el acuerdo de paz con las Farc en 2016 se consideró coherente tener menos hombres. Sin embargo, estos hechos no justifican las preocupantes realidades que rodean el proceso actual.
Por un lado, la cantidad de desbandadas es alarmante, resultado de decisiones polémicas como ascender a oficiales de menor trayectoria al cargo de comandante general, lo que obliga a llamar a calificar servicios a los más veteranos. Además, asociaciones de oficiales retirados y reportes periodísticos indican un aumento de solicitudes de retiro voluntario. Muchos de estos oficiales poseen experiencia invaluable en combate, mando en terreno y capacidad de reacción, pérdidas irremplazables.
Politización de ascensos y debilitamiento operacional
Junto a episodios sonados de oficiales de la Policía que han debido poner fin a su servicio por rumores sin sustento, existen serias sospechas de que la Dirección Nacional de Inteligencia se apartó de su misión legal para convertirse en un filtro de ascensos basado en criterios políticos. De ser cierto, esto contaminaría a la Fuerza Pública con intereses partidistas, justo cuando más se necesita fortaleza para enfrentar a enemigos violentos que crecen en número y se envalentonan.
Históricamente, los procesos de ascensos en la Fuerza Pública han estado regidos por criterios propios de la vida militar y policial, un baluarte de nuestra democracia. Hoy esos criterios parecen estar en peligro.
Debilitamiento de capacidades y amenazas crecientes
Todo esto ocurre mientras se debilitan las capacidades operacionales, especialmente la inteligencia, crucial para enfrentar desafíos como el regreso del terrorismo a centros urbanos –ejemplo de ello es el dron con explosivos hallado en Bogotá–, el secuestro de policías y funcionarios por el Eln, el asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia por disidencias, y los ataques contra civiles en la carretera Panamericana.
Tomar correctivos en esta materia es una prioridad nacional. El actual gobierno, pese a las múltiples alertas, no corrigió el rumbo y deja una nefasta herencia a la próxima administración. El país necesita unas Fuerzas Armadas fortalecidas estratégica, militar y anímicamente. Los hechos lo demuestran.
