La Procuraduría General de la Nación presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General por los graves hechos ocurridos el pasado 30 de abril de 2026, durante una jornada de protestas de la comunidad indígena Emberá. En esa ocasión, los manifestantes asediaron edificios del Ministerio del Interior y bloquearon la libre circulación de funcionarios, en un episodio que el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó como un intento de secuestro.
El procurador Gregorio Eljach, en ejercicio de sus funciones preventivas y de control de gestión, envió una comunicación a la fiscal Luz Adriana Camargo en la que advierte sobre una “inaceptable instrumentalización” de niños, niñas y adolescentes durante las movilizaciones. Según el ente de control, los menores habrían sido expuestos en vías públicas en condiciones de alta vulnerabilidad, sometidos a un riesgo inminente para su vida e integridad.
Menores como escudos humanos
En el documento radicado, la Procuraduría señala que los menores habrían sido utilizados por adultos como “instrumentos de coacción” e incluso como “escudos humanos” en el contexto de las protestas. Esta situación, según el Ministerio Público, los dejó en una grave exposición al peligro. La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) tuvo que intervenir para controlar las alteraciones del orden público que se presentaron.
La comunicación enfatiza que “esta conducta constituye una flagrante vulneración del principio del interés superior de los menores de edad y contraviene de manera directa lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), normativas que exigen a la familia, la sociedad y el Estado garantizar su protección integral y prevalente”.
Riesgos y sanciones penales
La Procuraduría advierte que la exposición de los menores no solo compromete su integridad, sino que los ubica en escenarios de riesgo derivados de su participación forzada en las movilizaciones. Además, el uso de niños, niñas y adolescentes en manifestaciones o alteraciones del orden público puede configurar conductas penalmente sancionables, de acuerdo con el artículo 188D del Código Penal, que tipifica el uso de menores para la comisión de delitos.
“Se trata de una grave violación de los derechos humanos de la niñez que no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia”, advierte el ente de control en su denuncia.
Investigación urgente
En ese sentido, la Procuraduría instó a la Fiscalía a adelantar con “máxima celeridad” las investigaciones correspondientes, con el fin de identificar e individualizar a los responsables y adoptar las sanciones a que haya lugar, en aras de proteger de manera inmediata a los menores. El Ministerio Público concluyó rechazando categóricamente estos hechos y reiteró que continuará ejerciendo sus funciones de vigilancia e intervención en todo el territorio nacional, en defensa de la protección integral de la niñez.
