La recolección de basuras en Cali enfrenta múltiples interrogantes tras el proceso de liquidación de Emsirva, lo que llevó a la Procuraduría General de la Nación a exigir explicaciones a la empresa pública de aseo, intervenida por el Estado desde hace casi 21 años, y a las Empresas Municipales de Cali (Emcali).
Antecedentes del conflicto
La intervención de Emsirva fue ordenada en 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe, luego de que se presentaran irregularidades y las basuras comenzaran a acumularse en las calles. En 2008, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios convocó una licitación pública para seleccionar a cuatro prestadores privados como subcontratistas de Emsirva en liquidación, los cuales han operado por zonas en toda la ciudad.
Sin embargo, el 28 de enero de 2026, el servicio quedó en el limbo cuando las cuatro empresas privadas no lograron un acuerdo con la Superservicios para una nueva prórroga de los contratos, lo que puso a Cali en riesgo de una emergencia sanitaria. Ante esto, el alcalde Alejandro Eder y los operadores privados aseguraron que continuarían con sus labores para evitar traumatismos.
Cambio a libre competencia
Al día siguiente, la Superservicios anunció un cambio al modelo de libre competencia, pasando de cuatro a nueve empresas que pueden operar en todas las zonas de la ciudad. No obstante, la ciudadanía quedó sin claridad sobre cómo funcionará esta operación, quién la regulará y cómo se realizarán los cobros, considerando que la factura de Emcali ha sido única para todos los servicios públicos durante los últimos 17 años.
Según la Superservicios, "los prestadores de servicios públicos domiciliarios pueden ofrecer sus servicios en cualquier lugar del territorio nacional, siempre que esté dentro de su objeto social, sin requerir una autorización especial previa, y el usuario tiene el derecho de escoger libremente el prestador del servicio público de aseo".
Dos de las empresas que no estaban incluidas en la división por zonas, Serviambientales SAS ESP y Misión Ambiental SAS ESP, comenzaron una puja para ingresar al mercado. Ambas presentaron quejas ante la Personería de Cali y la Procuraduría, reclamando pagos por sus servicios. Además, Misión Ambiental demandó al distrito y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali falló a su favor, obligando a la Administración y a Emcali a reconocer la recolección realizada entre el 29 y el 31 de enero.
Posición de la Procuraduría
Un documento de la Procuraduría, conocido por EL TIEMPO, señala que "Emsirva ESP en liquidación celebró contratos de operación con distintos prestadores del servicio, cuyo plazo se encontraba estipulado hasta el 28 de enero de 2026". Agrega que "con ocasión de la terminación de dichos contratos se generaron diversas inquietudes relacionadas con la continuidad del servicio, la titularidad de los contratos de condiciones uniformes (CCU), el manejo de la facturación conjunta y el estado del proceso liquidatorio de Emsirva".
La Procuraduría advierte que "existen actuaciones y decisiones administrativas que podrían generar riesgos para la protección del patrimonio público y el adecuado ejercicio de la prestación del servicio público", por lo que exhorta a Emsirva, Emcali y la SSPD a estudiar las advertencias y tomar acciones para garantizar el servicio de aseo conforme a la ley.
Rechazo del alcalde Eder
El alcalde Alejandro Eder manifestó su rechazo a la licitación convocada por Emsirva en liquidación, argumentando que "Cali no ha tenido ningún manejo en la gerencia de la empresa desde entonces. Por eso era tan importante que la pudiéramos recuperar. Sin embargo, Cali no puede recibir una empresa fantasma, sin usuarios, con deudas y con una alerta de crisis de basuras".
Eder explicó que "Emsirva en liquidación convocó un proceso licitando la recolección de los 870.000 usuarios que en teoría son de Emsirva, sin tener claridad absoluta a quién pertenecen". Por ello, solicitó a los organismos de control suspender la licitación hasta determinar la titularidad de los clientes. También anunció medidas judiciales ante la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo del Valle.
"Adjudicar sin resolver la titularidad de los usuarios deja en limbo la certeza de quién recogerá la basura de los caleños y quién mantendrá limpia la ciudad a partir del 15 de mayo, tan solo dos semanas antes de las elecciones presidenciales", agregó el mandatario.
Defensa de Emsirva
Por su parte, la gerencia interventora de Emsirva indicó que los operadores privados no aceptaron una prórroga por seis meses hasta el 30 de junio, plazo de la intervención de la empresa. Por ello, para garantizar la continuidad del servicio, se optó por convocar una licitación pública que estará vigente durante los próximos dos años.
La situación sigue generando controversia en Cali, mientras la Procuraduría continúa su seguimiento para evitar riesgos en la prestación del servicio público de aseo y proteger los recursos públicos.
