Red de contrabando chino-colombiana desmantelada en Bogotá tras investigación de tres años
Un informe policial de agosto de 2022 desveló una de las redes de contrabando que afectaba el comercio del centro de Bogotá, integrada por ciudadanos chinos y colombianos capturados en diciembre pasado. Los acusados, considerados entre los mayores comercializadores de mercancía ilegal en San Victorino y varios sanandresitos, enfrentarán juicio por delitos como concierto para delinquir, lavado de activos y favorecimiento al contrabando.
Operación con alcance nacional y presunta corrupción
Según la investigación de la Fiscalía General, la organización vulneró desde 2017 los controles aduaneros en múltiples ciudades, utilizando el puerto de Buenaventura como punto de entrada para productos clandestinos desde China. La mercancía, que incluía ropa y artículos para el hogar, se distribuía en Cali, Ipiales, Popayán, Medellín, Pereira, Sogamoso, Bucaramanga y Cúcuta.
La red habría cooptado a agentes de la Policía y la Dian, entregándoles coimas para facilitar el paso de los productos. El caso, conocido como 'San Marcos', está a cargo del fiscal César Florián de la Dirección contra los Delitos Fiscales.
Judicializaciones y perfiles de los implicados
En diciembre fueron judicializadas ocho personas: seis de origen chino (Liwei Chen, Feisen Chen, Meimei Zhu, Fujun Xia, Kaman Qiu, Yilei Qiu) y dos colombianos (Yovany Andrés Álvarez y Luisa Fernanda Coba). Todos se declararon inocentes, pero la Fiscalía sostiene que formaban parte de una organización criminal dedicada a introducir contrabando sin cumplir requisitos legales.
La investigación, que incluyó tres años de seguimientos, interceptaciones telefónicas y análisis financieros, reveló que:
- Liwei Chen, de 39 años, sería el cabecilla, con una condena previa por contrabando y bienes valorados en 1.023 millones de pesos sin justificar.
- Meimei Zhu y Yilei Qiu están señalados de instigar disturbios en San Victorino y Mosquera para obstaculizar operativos de la Dian.
- Se utilizaban empresas de papel como Max Nara y M&L & EXP para encubrir operaciones ilícitas.
Disturbios y evidencia clave
La Fiscalía incluyó en su arsenal probatorio los disturbios de julio pasado en San Victorino, donde manifestantes incendiaron un CAI móvil policial, y los ocurridos en septiembre de 2024 en Mosquera, que afectaron productos por 7.000 millones de pesos. Estos eventos, según la acusación, fueron provocados por miembros de la red para contener a las autoridades.
Durante allanamientos en San Victorino y bodegas del norte de Bogotá, se incautaron mercancía como ropa y plantas artificiales, además de un iPhone y 20 millones de pesos en efectivo en Cali.
Consecuencias y situación actual
Los implicados permanecen en detención domiciliaria mientras esperan la fecha de juicio. La identidad de los funcionarios de la Dian y la Policía presuntamente vinculados aún no se ha revelado, aunque la investigación continúa. El fiscal Florián advierte que se trata de una poderosa red familiar con alcance nacional que podría no estar completamente desmantelada.
Este caso subraya los desafíos en el control aduanero y la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas, con repercusiones económicas y sociales en el comercio formal de Bogotá y otras regiones del país.
