Lo que debía ser una oficina destinada a validar la identidad de los ciudadanos habría terminado convertida, presuntamente, en una puerta para construir nuevas identidades y abrir rutas migratorias ilegales. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación en la mañana de este 21 de mayo.
Tal investigación dejó al descubierto un supuesto entramado que operaba desde una sede de la Registraduría en el departamento del Magdalena, donde cuatro funcionarios y exfuncionarios terminaron siendo judicializados. Las acciones judiciales alcanzaron a Milena Sanjuanelo Castiblanco, funcionaria de la Registraduría Municipal de Fundación; a los exservidores Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo; y al guarda de seguridad Luis Alberto Cantillo Vizcaíno, señalados de integrar una red que habría tramitado de manera irregular documentos colombianos para ciudadanos venezolanos y dominicanos. La información conocida indica que los hoy procesados habrían intervenido en al menos 20 hechos relacionados con la expedición de registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía.
Habrían cobrado hasta 1.500 dólares por los trámites
Las pesquisas apuntan a que el grupo presuntamente recibía pagos que oscilaban entre 1.200 y 1.500 dólares por cada trámite realizado. Dentro de las irregularidades detectadas, las autoridades sostienen que, al parecer, se ingresó información falsa a sistemas oficiales y se autorizaron novedades respaldadas con documentos que contenían datos adulterados. Incluso, parte del material utilizado correspondería a cartas de soporte asociadas a ciudadanos fallecidos.
"Los documentos expedidos les permitieron a los migrantes transitar con libertad por el país y obtener pasaportes", detalló el ente investigador al entregar detalles del caso. Las indagaciones señalan que, una vez obtenidos estos documentos, los ciudadanos extranjeros podían movilizarse como si fueran colombianos y gestionar salidas hacia destinos internacionales como Estados Unidos, México y países europeos.
Procedimiento de capturas materializadas en Magdalena
Los procedimientos de captura fueron adelantados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos, el Ejército Nacional y Migración Colombia. Las diligencias se desarrollaron en Santa Marta y Fundación, Magdalena, donde fueron ubicados los procesados.
Durante las audiencias fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado. Los cargos, se conoció, no fueron aceptados. Por decisión de un juez de control de garantías, Milena Sanjuanelo Castiblanco y Aníbal José Rojano Arévalo deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia, mientras avanza el proceso judicial. Los demás continuarán vinculados a la investigación.
