Desde hace varios años, Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Urán, asesinado en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, se ha empeñado en resignificar los espacios donde ocurrieron torturas, desapariciones y asesinatos durante aquel holocausto. Su propósito ha fructificado con una medida cautelar adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 15 de abril, que ordena la intervención de tres lugares: la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio Sur.
¿Qué significa resignificar?
Resignificar espacios implica transformar el sentido y la connotación de los lugares donde se cometieron crímenes, para que dejen de asociarse exclusivamente con el dolor y la represión, y pasen a ser sitios de reflexión y pedagogía sobre el pasado y los valores democráticos. No se trata de borrar los sucesos brutales, sino de hacerlos visibles, reconocerlos en voz alta, acabar con la impunidad espacial y tomar lecciones para el futuro. Las víctimas serán honradas, pero su recuerdo tendrá un nuevo sentido que elevará los estándares éticos como nación.
Los espacios intervenidos
La medida cautelar de la JEP, emitida por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, busca el cuidado, protección y conservación de tres lugares de memoria histórica: la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio Sur. Estos espacios permitirán los duelos necesarios y procesos restaurativos que contribuyan a reparar el daño causado el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia.
La Casa del Florero
Durante los hechos del Palacio, la Casa del Florero fue utilizada para seleccionar a los rehenes. Allí, los militares determinaban quiénes debían subir al segundo piso para ser interrogados violentamente, y decidían a qué batallones enviar a los sospechosos para continuar las torturas. La JEP ordena que este museo narre explícitamente lo vivido por los rehenes y enseñe a los ciudadanos que lo sucedido es absolutamente reprochable. Ya se ha instalado una sala con señalizaciones y una exposición, pero Helena Urán considera que es insuficiente y debe conciliar los dos sucesos históricos del lugar: la Independencia y la represión de 1985.
Las caballerizas del Cantón Norte
Este lugar ha sido utilizado durante años para detener y torturar personas, no solo durante el asalto al Palacio. La JEP ordenó resignificar el separador de la avenida Séptima e instalar dos murales en el andén al lado de la estructura militar. Aunque la medida es tímida, abre el diálogo con la ciudadanía sobre su pasado. Helena Urán había propuesto correr la reja y abrir el espacio como un parque de memoria, pero los militares se opusieron por seguridad, aunque permiten clases de equitación a civiles.
El Cementerio Sur
En este camposanto se encontraron fosas comunes con cuerpos de desaparecidos. La resignificación debe ser especializada, señalando el lugar como parte del circuito de terror creado por los hechos del Palacio. Aún está por definirse el tratamiento exacto.
Utilidad de la medida cautelar
Helena Urán destaca que, al regresar a Colombia, encontró que los espacios más significativos de ejecución de actos criminales no estaban visibilizados. Se inspiró en ejemplos internacionales como la ex ESMA en Argentina, el Parque por la Paz Villa Grimaldi en Chile y la Topografía del Terror en Alemania. La medida de la JEP abre paso a Colombia para iniciar un camino de restauración y justicia.
El papel de la JEP
Ante la falta de cultura de memoria en Colombia y el negacionismo histórico, Helena Urán acudió a la JEP como vehículo judicial, pues las medidas de reparación y satisfacción son centrales en esta jurisdicción. La visibilidad y aceptación de responsabilidad de los hechos atroces tiene una repercusión ética significativa en la moral pública, ya que un ente estatal reconoce que sus espacios fueron usados para cometer crímenes atroces.
Inclusión de otras víctimas
Helena Urán insiste en que todas las víctimas deben tener voz, especialmente los sobrevivientes de torturas, junto con expertos en memorialización. Buscó que otras personas se adhirieran al proceso, pero hubo tensiones internas. La JEP no incluyó el Batallón Charry Solano en las medidas cautelares, a pesar de que allí también se cometieron desapariciones forzadas y torturas; Helena Urán planea insistir en su inclusión.
Oposición y negacionismo
La oposición al reconocimiento de estos hechos siempre existirá, pero hay una sentencia contundente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Palacio de Justicia. La acción de memorialización será apoyada internacionalmente. Frente a quienes piden recordar también las atrocidades de las guerrillas, Helena Urán señala que los guerrilleros no actuaban a nombre del Estado ni manejaban espacios oficiales, por lo que las deudas históricas del M-19 son diferentes y requieren otros tratamientos.
