La Sociedad de Activos Especiales (SAE) reportó la subasta de una torrefactora industrial de café ubicada en Bogotá, la cual perteneció al reconocido narcotraficante Justo Pastor Perafán, conocido como alias ‘Don Pepe’ o ‘El Panadero’. El proceso público contó con la participación de varios postores interesados en adquirir la infraestructura, que finalmente fue adjudicada por un valor superior a los 443 millones de pesos.
Detalles de la subasta
La torrefactora de café, compuesta por equipos para tostión, molienda, transporte y empaque del grano, fue ofrecida como una unidad productiva con potencial de operación en el mercado legal. Según informó la SAE en un comunicado, “la maquinaria permite su reincorporación a la actividad económica formal”. El bien será entregado al postor ganador en los próximos días, luego de que la entidad lo mantuviera bajo su administración tras un proceso de extinción de derecho de dominio.
El origen ilícito del bien
Este inmueble formó parte del patrimonio incautado a Justo Pastor Perafán, quien según expedientes judiciales acumuló una de las mayores fortunas ilícitas del país durante las décadas de 1980 y 1990. Alias ‘Don Pepe’ fue un narcotraficante colombiano que alcanzó notoriedad en los años noventa por su papel en redes de tráfico de cocaína con conexiones internacionales. Originario del suroccidente del país, construyó una organización que operaba rutas hacia Estados Unidos y Europa, en un momento de reconfiguración del negocio tras la caída de los grandes carteles de Medellín y Cali.
Trayectoria judicial de alias ‘Don Pepe’
Justo Pastor Perafán cobró relevancia judicial tras ser capturado y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico. Tras cumplir su condena, regresó a Colombia, donde volvió a ser mencionado en investigaciones por presuntos vínculos con redes criminales. Su nombre sigue asociado a actividades ilícitas, aunque la SAE busca ahora dar un uso legal a los bienes que le fueron incautados.
Reincorporación a la economía legal
La SAE concluyó que “con esta adjudicación, la torrefactora deja atrás su vínculo con economías ilegales y pasa a integrarse al circuito productivo, en un proceso que evidencia el tránsito de activos ilícitos hacia usos legales y generadores de valor”. De esta forma, la maquinaria industrial, que antes servía a intereses del narcotráfico, ahora será utilizada para fines lícitos, contribuyendo al desarrollo económico del país.
