El Estado colombiano enfrenta una de las sanciones más elevadas en materia de infraestructura debido a incumplimientos contractuales en la megaobra vial Ruta al Mar, que abarca 500 kilómetros entre el departamento de Antioquia y la Costa Caribe. Según expertos, el monto a pagar supera los 3,5 billones de pesos, lo que representa un récord en este tipo de compensaciones.
Origen de la disputa
La concesión Ruta al Mar, que ganó una batalla jurídica en Nueva York, alegó afectaciones económicas por el congelamiento de peajes, la paralización de obras y decisiones gubernamentales que vulneraron el contrato. El fallo emitido por el Centro Internacional de Resolución de Disputas pone en una situación crítica a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Reclamos principales
Entre las quejas de la concesión se destacan: la negativa de la ANI a compensar íntegramente los riesgos asignados contractualmente, como la no actualización de tarifas de peajes y la eliminación del cobro en la Estación de Peaje Caimanera. Además, se señala la falta de reconocimiento de los Eventos Eximentes de Responsabilidad (EER) invocados por RAM, lo que impidió obtener las compensaciones correspondientes.
Responsabilidad de los gobiernos
El proyecto fue financiado con capital privado y bonos emitidos en el exterior, por lo que el contrato estipulaba arbitraje internacional para resolver disputas. El experto en litigio internacional Juan Carlos Portilla explicó que, aunque la estación de Caimanera generaba un impacto económico para la comunidad, su construcción estaba pactada en el contrato. En ese sentido, señaló que deben existir responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales para los ministros de transporte de los gobiernos de Santos, Duque y Petro, quienes hicieron parte de la cadena de errores que llevó a la terminación anticipada del contrato.
