Sicariato en Bogotá: Un patrón criminal que crece con impunidad
En lo que va del año 2026, la capital colombiana ha registrado 53 casos de sicariato, una cifra alarmante que refleja un fenómeno delictivo en ascenso. Muchos de estos crímenes permanecen sin resolver, evidenciando las graves fallas en la investigación y la respuesta institucional.
El atentado en la calle 85: Un símbolo de la impunidad
Recientemente, los titulares se concentraron en un asesinato a plena luz del día en la vía pública. Las víctimas fueron el empresario Gustavo Andrés Aponte, propietario de Arroz Sonora, y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez. El escenario tiene una carga simbólica inquietante: la calle 85 con carrera Séptima, el mismo punto donde en julio de 2023 fue asesinado, bajo una modalidad similar, el empresario Alberto Ortega.
Este es uno de los sectores con mayor densidad de cámaras de seguridad del país y, aun así, el crimen se ejecutó con precisión quirúrgica. En teoría, la videovigilancia debería funcionar como disuasivo, pero en la práctica, parece no importar. Los delincuentes no temen quedar registrados porque no actúan al azar.
Una cadena criminal organizada
Estamos ante un fenómeno que viene creciendo de manera considerable en las ciudades del país. El sicariato no es un hecho aislado, como han querido presentarlo algunas autoridades al afirmar que responde a "ajustes de cuentas" entre bandas criminales. Por el contrario, estamos frente a un patrón delictivo organizado que exige una respuesta institucional más robusta y preventiva.
Lo que estamos viendo son estructuras organizadas que cobran por cometer un crimen. Consiguen el arma, contactan al asesino y articulan un grupo de apoyo que:
- Sigue a la víctima
- Reconoce el terreno
- Analiza rutas de escape
No se trata solo de un "gatillero", sino de una cadena criminal con logística, inteligencia y coordinación.
El vínculo con la extorsión: El brazo armado del chantaje
Aunque surgen hipótesis variadas como venganza, robo o control territorial, es en la extorsión donde deberían concentrarse con mayor rigor las investigaciones. Las estadísticas evidencian un crecimiento desproporcionado de este delito y los comerciantes aparecen como principales víctimas.
Muchas víctimas no denuncian por un miedo fundado a las represalias, lo que dificulta precisar la verdadera dimensión del fenómeno, ya que las cifras oficiales dependen en gran medida de la denuncia formal.
Lo más grave es que, en este contexto, el sicariato puede estar operando como brazo armado de la extorsión: el mecanismo para materializar amenazas y enviar un mensaje a quienes se niegan a pagar. Así, las bandas criminales fortalecen su control operativo y simbólico y demuestran que tienen la capacidad de llevar las advertencias hasta las últimas consecuencias.
Ciudadanos desprotegidos y una lección peligrosa
Ante este panorama, el ciudadano queda desprotegido. Algunos optan por el blindaje y la seguridad privada; otros abandonan el país; y muchos terminan cediendo al chantaje, convertidos en presa fácil de organizaciones que saben cómo intimidar.
Todo esto evidencia una debilidad enorme por parte de las autoridades para:
- Proteger a las víctimas
- Combatir el fenómeno delincuencial
- Judicializar a los responsables
Y mientras el Estado llega tarde o no llega, la ciudad aprende una lección peligrosa: matar es posible, amenazar funciona y la impunidad es parte del cálculo.
Un llamado urgente a la acción estatal
Proteger la vida debe ser el mandato innegociable del Estado, por encima de cualquier excusa o balance estadístico. Si el Estado no rompe este ciclo, lo que se normaliza no es la violencia: es la impunidad. La investigación debe ser el punto de partida, no el recurso tardío cuando la noticia ya pasó.
El sicariato en Bogotá requiere una respuesta integral que combine prevención, investigación efectiva y protección a las víctimas, antes de que este patrón criminal se consolide aún más en el tejido social de la capital.
