La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) denunció un hecho que calificó como de "la mayor gravedad" ocurrido en el marco de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Coosalud EPS. Según la entidad, pese a existir una convocatoria formal, se habría impedido el ingreso de varios asistentes autorizados por el Gobierno.
Detalles del presunto bloqueo
De acuerdo con el comunicado oficial, a la cita acudieron el representante legal de Coosalud Cooperativa —accionista mayoritaria de la EPS—, así como delegados de la Superintendencia de Sociedades y de la Superintendencia Nacional de Salud. No obstante, al llegar a las instalaciones de la entidad, se les negó el acceso al lugar donde debía desarrollarse la reunión.
La constancia suscrita por los asistentes señala que el personal de seguridad del edificio indicó que existía una instrucción directa de Jaime González y Diana Bolaños para impedir el ingreso de cualquiera de los convocados, así como el acceso al piso destinado para la Asamblea. La situación, según la Supersolidaria, no solo impidió la instalación del encuentro, sino que encendió alertas sobre posibles "irregularidades" en la administración de la entidad.
Diferencia entre Coosalud EPS y Cooperativa Coosalud
Para entender el contexto, es necesario aclarar que la EPS Coosalud y la Cooperativa Coosalud son dos personas jurídicas distintas, aunque estrechamente relacionadas. La Cooperativa es la entidad propietaria de la EPS. Ambas comparten nombre y origen, pero tienen estructuras jurídicas, patrimonios y órganos de administración propios, y están sujetas a la vigilancia de diferentes entidades del Estado.
La EPS Coosalud es vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, que ordenó su intervención administrativa el 22 de noviembre de 2024, siguiendo los lineamientos de la política del Gobierno Nacional en materia de EPS. Sin embargo, esa medida fue levantada por el Tribunal Administrativo de Cartagena, que ordenó la suspensión de la intervención administrativa sobre Coosalud EPS.
La Cooperativa Coosalud, por su parte, es una entidad del sector solidario cuya vigilancia corresponde a la Superintendencia de la Economía Solidaria. Es sobre la Cooperativa —no sobre la EPS— que la Supersolidaria mantiene su propia intervención administrativa, con plena vigencia e independiente de lo que ordenó el Tribunal de Cartagena.
Implicaciones del bloqueo
El documento también señala un hecho adicional que agrava la situación: el acceso biométrico habría sido retirado de manera unilateral al agente interventor saliente de la EPS, sin que se hubiera llevado a cabo un proceso formal de entrega de la administración. Para la entidad de control, este tipo de actuaciones plantea dudas sobre la transparencia y la legalidad en la gestión interna de Coosalud.
"La negativa de ingreso a una Asamblea debidamente convocada puede afectar el ejercicio de los derechos de los accionistas, obstaculizar las funciones de las autoridades competentes y profundizar la crisis de gobernabilidad", advirtió la Superintendencia en su pronunciamiento.
El organismo enfatizó que este tipo de hechos no puede considerarse menor, dado que la EPS Coosalud administra recursos públicos del sistema de salud, lo que implica una responsabilidad directa frente a los usuarios y al Estado. En ese sentido, la imposibilidad de llevar a cabo la Asamblea podría tener implicaciones sobre la toma de decisiones estratégicas y el control institucional dentro de la EPS.
Interrogantes y próximos pasos
En medio de la controversia, la Supersolidaria planteó un interrogante que, según indicó, deberá ser esclarecido por las autoridades competentes: quién o quiénes estarían interesados en impedir la instalación de la Asamblea de Accionistas. El pronunciamiento se produce en un contexto en el que la gobernabilidad de entidades que manejan recursos del sistema de salud es objeto de vigilancia especial por parte de los entes de control.
Frente a lo ocurrido, la Superintendencia de la Economía Solidaria reiteró que continuará actuando dentro del marco legal, documentando cada uno de los hechos y adoptando las medidas que considere necesarias. El objetivo, subrayaron, es proteger los recursos que deben estar destinados a garantizar la prestación de servicios de salud a los colombianos.
