La desaparición de Yulixa Toloza, luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento del barrio Venecia, en Bogotá, no solo genera indignación y angustia, sino que también obliga a enfrentar una realidad que crece a plena vista desde hace años: la proliferación de centros y procedimientos estéticos que operan en condiciones precarias, muchas veces sin controles suficientes y bajo una lógica comercial que trivializa los riesgos.
Un caso que estremece
Resulta aterrador que una mujer acuda a uno de estos centros de estética para realizarse un lipoláser, y tras presentar síntomas alarmantes de deterioro físico, hoy no exista claridad sobre su paradero ni sobre las responsabilidades de quienes estaban allí. Esto es inadmisible.
El episodio vuelve a evidenciar una falla estructural de vigilancia sanitaria. Estos lugares no operan ocultos; se promocionan masivamente en redes sociales, ofrecen descuentos y captan pacientes con una agresiva lógica de mercadeo donde cirugías y otros procedimientos invasivos se ofrecen como si fueran leves tratamientos. Lamentablemente, las autoridades parecen reaccionar únicamente cuando hay una víctima o, peor, una desaparición que conmociona al país.
Más que cierres: prevención y sanciones
Aquí no basta con anunciar cierres o sellamientos. El desafío exige una capacidad preventiva mucho más amplia de las secretarías de Salud y de las autoridades encargadas de habilitar, inspeccionar y vigilar estos establecimientos. Exige también sanciones ejemplares para quienes juegan irresponsablemente con la vida humana.
Detrás hay otra realidad: la existencia de una cultura en la cual muchas veces la presión estética, amplificada por redes sociales, se impone sobre consideraciones de autocuidado y prevención. Pero en cada procedimiento hay riesgos médicos reales y solo deben realizarlos profesionales calificados.
Exigencia de justicia
Yulixa tiene que aparecer. Lo mismo quienes le hayan hecho daño, para que respondan por sus actos, estén donde estén.
