El gremio de transportadores de carga en Colombia enfrenta una situación crítica debido al deterioro del orden público en varias regiones del país. Hasta la fecha, se han registrado cerca de 31 ataques terroristas en municipios del suroccidente, perpetrados por grupos armados ilegales.
Conductores optan por no trabajar en zonas peligrosas
Anderson Quiceno Sierra, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), informó que, aunque no se ha convocado a un paro formal, muchos conductores han decidido no movilizarse hacia áreas consideradas de alto riesgo. Esta decisión responde al incremento de hechos violentos en los últimos días, que han generado temor e incertidumbre en el sector.
Quiceno explicó que los transportadores están "parqueando" sus vehículos para evitar exponerse a ataques, robos o vandalismo. "Cuando queman un camión o una tractomula, cuando vandalizan o roban un vehículo, nadie responde por las pérdidas. El propietario y el conductor son los directamente afectados, y deben recuperar su patrimonio y superar el trauma psicológico, un proceso que puede durar años", señaló.
Zonas más afectadas
Entre las regiones evitadas por los camioneros se encuentran el suroccidente del país, incluyendo Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Tolima. También se suman el Catatumbo, Arauca y el piedemonte llanero, donde la inseguridad es recurrente. Esta situación ha provocado que transportadores de esas zonas migren hacia ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira y Armenia, en busca de rutas más seguras.
"Los camioneros de las zonas afectadas se desplazan a otros lugares para encontrar soluciones económicas, cuando debería ser al revés: todos los camioneros del país deberían poder transitar libremente por cualquier ruta, generando competitividad y recursos para sus familias", agregó Quiceno.
Impacto económico y denuncias internacionales
El gremio calcula pérdidas anuales cercanas a los 7,2 billones de pesos desde 2021, derivadas de bloqueos, inseguridad y sobrecostos operativos que asumen directamente los conductores y dueños de vehículos. A pesar de los diálogos con el Gobierno, Quiceno advierte que las autoridades reconocen limitaciones para ofrecer soluciones de fondo.
La ATC ha presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo contra varias entidades del Estado por su falta de acción. "Son instituciones denunciadas ante la CIDH por no reaccionar ante una circunstancia que tiene al país atareado", afirmó.
Llamado a candidatos presidenciales
Finalmente, la ATC hizo un llamado a los candidatos presidenciales para que prioricen la seguridad del sector. "Pedimos a quien sea el próximo presidente, sea de izquierda o derecha, que sea coherente con el país. No pueden convertir a los camioneros en víctimas de conflictos políticos. Nosotros no tenemos velas en ese entierro", concluyó Quiceno.
