El Tribunal de la Corte del Rey de Alberta, en Canadá, aplazó para el próximo 15 de mayo la audiencia en la que evaluará la solicitud de la empresa Canacol Energy para la terminación anticipada de sus contratos de transporte y suministro de gas natural con compañías en Colombia. La audiencia, que originalmente estaba programada para el 7 de mayo, fue reprogramada luego de que la empresa solicitara más tiempo para explorar modificaciones consensuadas de los acuerdos vigentes.
Impacto en el suministro de gas
Canacol Energy abastece actualmente parte de la demanda de siete departamentos de la Costa Caribe y algunos municipios de Norte de Santander. Sus contratos en firme ascienden a cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios (mpcd), pero su producción promedio en abril se situó en 75 mpcd, lo que representa el 7,5 % de la demanda nacional de gas natural. Ante esta situación, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás) expresó su preocupación y reiteró el llamado a las autoridades para salvaguardar la seguridad energética del país.
Postura de Naturgás
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, señaló que existen alternativas viables distintas a la terminación de contratos. “Hay mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la prestación del servicio y la confianza del sistema”, afirmó. El gremio recordó que la producción de Canacol ha disminuido progresivamente desde 196 mpcd en julio de 2023 hasta los niveles actuales, debido a factores técnicos y operativos, pero que esta situación se ha manejado mediante acuerdos sin necesidad de recurrir a la terminación de contratos.
Riesgos para la economía y los hogares
Naturgás advirtió que una eventual suspensión de estos compromisos podría afectar cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional de gas natural, con impactos directos en hogares, industria y generación térmica. “Permitir que decisiones adoptadas en el exterior suspendan obligaciones contractuales en Colombia, sin evaluar sus impactos sociales y económicos, vulnera principios de orden público y desconoce el carácter esencial del gas natural para millones de colombianos”, declaró Murgas. Además, el gremio alertó que una reducción en la disponibilidad de gas obligaría a sectores productivos a migrar hacia energéticos más costosos o con mayores emisiones, lo que incrementaría los costos de producción y presionaría el precio de bienes esenciales como alimentos, bebidas, papel, cartón y cerámica.
Llamado al Estado colombiano
Naturgás hizo un llamado al Estado colombiano para que, de darse la autorización por parte de la Corte canadiense, ejerza las facultades legales previstas en el régimen de insolvencia empresarial transfronteriza (Ley 1116 de 2006), particularmente la excepción de orden público, con el fin de evitar medidas que comprometan la continuidad de los servicios públicos y la estabilidad energética del país. “Es imperativo proteger la estabilidad de las reglas de juego y el respeto a los contratos. No existe gas más costoso que aquel que deja de estar disponible por decisiones que afectan la seguridad del sistema y la confianza en el sector”, concluyó la presidenta de Naturgás.
