El debate migratorio en Estados Unidos vuelve a intensificarse tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de intentar, una vez más, poner fin al estatus legal de cientos de miles de migrantes. La medida afecta a personas que recibieron permisos de permanencia temporal durante la administración de Joe Biden bajo el programa CBP One, y que ahora enfrentan la posibilidad de perder su protección legal en medio de una disputa judicial en curso.
Trump busca revocar permisos a más de 900.000 migrantes
El Gobierno estadounidense presentó ante un tribunal federal en Boston su intención de revocar el estatus legal de más de 900.000 migrantes. Esta decisión se produce después de que una jueza bloqueara un intento previo de la administración de terminar estos permisos, al considerar que el procedimiento no cumplía con los requisitos legales.
En marzo, la jueza federal Allison Burroughs determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de forma ilegal al intentar cancelar las autorizaciones concedidas bajo el programa migratorio de la era Biden. Según su fallo, no se habría demostrado adecuadamente que un funcionario hubiera realizado la evaluación necesaria para justificar la terminación de los llamados "parole".
La magistrada, nombrada en su momento por el presidente Barack Obama, fijó una nueva audiencia para el 6 de mayo, en la que evaluará si debe impedir que el DHS lleve adelante este nuevo intento de revocatoria.
La aplicación CBP One y el futuro de los migrantes
El origen del caso se remonta al uso de la aplicación CBP One, implementada durante el gobierno de Joe Biden, la cual permitía a los migrantes agendar citas con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para ingresar de forma regular a Estados Unidos desde la frontera con México. A través de este mecanismo, se otorgaban permisos humanitarios de hasta dos años.
Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la política migratoria dio un giro radical. En abril de 2025, muchos de los beneficiarios de estos permisos recibieron correos electrónicos del Departamento de Seguridad Nacional informándoles que su estatus había sido terminado y que "era hora de que abandonaran Estados Unidos".
Sin embargo, el proceso ha enfrentado obstáculos judiciales. En su decisión previa, la jueza Burroughs concluyó que la revocatoria de los permisos no contaba con la debida sustentación legal y ordenó revertir las cancelaciones, al menos de forma temporal, mientras se revisa el fondo del caso.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre esta nueva etapa del proceso. La comunidad migrante y organizaciones de derechos humanos siguen de cerca el desarrollo de este caso, que podría definir el futuro de cientos de miles de personas en Estados Unidos.
