Miguel Uribe Londoño denuncia plan criminal para asesinar fiscales del caso de su hijo
La sombra de la impunidad y la violencia vuelve a proyectarse sobre uno de los procesos judiciales más sensibles y emblemáticos de Colombia. Este sábado 28 de marzo de 2026, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño lanzó una alerta de máxima gravedad: existiría un plan criminal en marcha para asesinar a los fiscales e investigadores encargados de esclarecer el magnicidio de su hijo, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.
Una carta pública que estremece al país
A través de una carta pública dirigida a toda la nación, Uribe Londoño calificó el asesinato de su hijo —ocurrido el año pasado— como un "crimen de lesa humanidad" y advirtió con vehemencia que las estructuras criminales ahora buscan decapitar la investigación mediante el terror y la intimidación. "Aquí no solo se está investigando un crimen. Se está defendiendo la democracia y sus instituciones", sentenció el líder político en su misiva, subrayando que la estabilidad institucional de Colombia depende directamente de que este proceso no sea archivado por el miedo.
El enemigo identificado: La Segunda Marquetalia
En el documento, la familia de la víctima identifica con nombre propio a los presuntos responsables de estas amenazas mortales: la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia. Según la denuncia presentada, este grupo armado estaría ofreciendo millonarias sumas de dinero para atentar contra la vida de los funcionarios judiciales que llevan el caso. Esta revelación pone en evidencia la dimensión transnacional y la peligrosidad extrema de las amenazas que enfrenta el sistema de justicia colombiano.
Medidas urgentes y protección internacional solicitada
Ante la gravedad de las informaciones, que habrían sido confirmadas por la propia Fiscalía General de la Nación, el líder político exigió un refuerzo inmediato y sustancial en los esquemas de seguridad de los investigadores y sus núcleos familiares. Sin embargo, la estrategia de defensa no se limitará al ámbito local.
La familia confirmó de manera oficial que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ya monitorea el caso desde hace meses, para solicitar medidas cautelares urgentes. Los objetivos son claros y contundentes:
- Proteger la integridad física y la vida de los funcionarios judiciales involucrados.
- Garantizar que el proceso avance sin las presiones externas que buscan la impunidad y el silencio.
Un país en duelo y reflexión permanente
Cabe recordar que tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo en la capital, un hecho que marcó un punto de inflexión en la política nacional durante el año 2025. Hoy, un año después de aquel trágico suceso, el caso entra en su etapa más crítica y determinante.
La denuncia de este plan pistola contra la justicia pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado colombiano en un contexto electoral complejo y polarizado. Para Uribe Londoño, no se trata solo de un asunto de seguridad personal o familiar, sino de evitar que los actores criminales logren su cometido de "silenciar la verdad" mediante el plomo y la violencia sistemática.
La ciudadanía, los medios de comunicación y todos los sectores políticos permanecen atentos a la respuesta de la Fiscalía General y del Gobierno Nacional ante esta amenaza que escala a niveles internacionales y compromete los fundamentos mismos del Estado de derecho en Colombia.



