Defensoría del Pueblo emite alerta por escalada violenta en Buenaventura
La Defensoría del Pueblo ha lanzado una alerta urgente ante el preocupante incremento de homicidios y hechos de violencia armada en el distrito de Buenaventura, donde entre los meses de febrero y marzo de 2026 se han registrado al menos 23 asesinatos. La entidad señala que esta situación evidencia de manera clara el incumplimiento de los compromisos de desescalamiento de la violencia por parte de los grupos armados ilegales, así como la insuficiencia de la respuesta institucional para contener estas dinámicas criminales que afectan profundamente a la población civil.
Disputas territoriales y fronteras invisibles que paralizan la ciudad
El fenómeno de violencia está directamente ligado a las disputas por el control territorial y las economías ilícitas en esta zona estratégica del Pacífico colombiano. El informe detalla que las confrontaciones entre grupos armados organizados se han intensificado significativamente en varias comunas del distrito, con focos críticos en sectores como:
- San Francisco
- San Luis
- Juan XXIII
- Comuna 12
Estas disputas responden, en parte, a procesos de reconfiguración interna de las estructuras ilegales tras capturas de algunos de sus integrantes. Como consecuencia directa, se han generado enfrentamientos violentos y ajustes internos que derivan en homicidios y otras graves violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Además, la consolidación de "fronteras invisibles" ha restringido severamente la movilidad de los habitantes, provocando confinamientos de facto en distintos barrios. Estas limitaciones afectan la vida cotidiana de las comunidades, que enfrentan riesgos constantes al intentar desplazarse dentro de su propia ciudad, creando una situación de emergencia humanitaria silenciosa.
Jóvenes: las principales víctimas de esta violencia descontrolada
La Defensoría señala con preocupación que los principales afectados son hombres jóvenes entre los 17 y 30 años, quienes enfrentan múltiples riesgos que incluyen:
- Reclutamiento forzado
- Instrumentalización por parte de grupos armados
- Estigmatización social en medio de las disputas
El reporte documenta casos específicos como el reclutamiento de una menor de edad y la aprehensión de otro joven presuntamente vinculado a estas estructuras criminales. También se registraron tres casos de personas desaparecidas, un fenómeno que, según la entidad, ocurre de manera paralela a los homicidios y que agrava aún más la crisis humanitaria.
La falta de información transparente y las dificultades en los procesos de búsqueda agravan la angustiosa situación de las familias, que permanecen en una espera interminable sin respuestas claras sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos.
Extorsión, secuestros y afectación generalizada a comunidades
La violencia en Buenaventura no se limita exclusivamente a los homicidios. La Defensoría ha identificado múltiples casos de:
- Extorsión sistemática a comerciantes y transportadores
- Secuestros que mantienen en zozobra a la población
- Enfrentamientos armados en zonas residenciales
Estos hechos delictivos han impactado negativamente entornos escolares, la organización social comunitaria y el ejercicio pleno de derechos fundamentales, generando un clima de temor generalizado entre la población civil. Los intercambios de disparos en distintos sectores también han causado daños materiales a viviendas y restricciones adicionales en la movilidad urbana.
Llamado urgente para fortalecer la respuesta estatal integral
Ante este panorama crítico, la Defensoría advirtió que la respuesta del Estado ha sido claramente insuficiente frente a la expansión territorial de los grupos armados y sus dinámicas de control coercitivo. Por ello, instó de manera urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales y locales a implementar acciones integrales que incluyan:
- Medidas de seguridad efectivas y sostenibles
- Acceso real a la justicia para las víctimas
- Oferta social diferenciada y prioritaria
La entidad enfatizó la necesidad de priorizar las zonas más afectadas y brindar atención diferenciada específica para jóvenes y comunidades vulnerables que son las más golpeadas por esta violencia.
Asimismo, hizo un llamado contundente a los grupos armados que participan en diálogos de paz para que cumplan los compromisos adquiridos, respeten la vida de líderes sociales y comunidades enteras, y avancen decididamente hacia procesos de desmovilización verificables.
La Defensoría insistió en la necesidad imperiosa de adoptar medidas urgentes que permitan contener la violencia desbordada, proteger efectivamente a la población civil inocente y garantizar condiciones mínimas para el ejercicio pleno de los derechos humanos en Buenaventura, un puerto estratégico que merece paz y desarrollo sostenible.
