La violencia en Colombia: un paso adelante del Estado
María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), presenta un análisis contundente sobre la realidad de la violencia en Colombia. "En Colombia, la violencia va un paso adelante y el Estado corre rezagado", afirma la experta, destacando la complejidad del actual escenario de seguridad.
Un panorama cuantitativo alarmante
Colombia inicia 2026 en un punto crítico: el número total de integrantes de grupos armados ilegales ha regresado a niveles similares a los de 2011, cuando comenzaba el proceso de paz con las Farc. Se estima que actualmente existen más de 27.000 integrantes en las ocho principales estructuras armadas ilegales del país, una cifra que refleja un preocupante retroceso en materia de seguridad.
Sin embargo, la comparación no se limita a las cifras. Mientras en 2011 el Estado enfrentaba principalmente a las Farc como enemigo central con organización jerárquica y propósitos nacionales, hoy se encuentra ante un mosaico de organizaciones con lógicas distintas:
- Disidencias divididas en múltiples facciones que compiten entre sí
- El 'clan del Golfo' (ahora 'Ejército Gaitanista de Colombia') altamente consolidado
- El Eln con capacidades militares y arraigo social en territorios históricos
La transformación cualitativa del conflicto
El conflicto dejó de ser una guerra "vertical" entre el Estado y un gran actor insurgente. Actualmente, Colombia enfrenta una constelación de guerras locales superpuestas que presentan características únicas:
- Fragmentación organizativa: Las disidencias agrupan múltiples estructuras con diferentes grados de arraigo al legado fariano, algunas más mafiosas y otras completamente locales.
- Expansión acelerada: Entre 2023 y 2025, tanto el 'clan del Golfo' como las distintas disidencias incrementaron significativamente su pie de fuerza y control territorial.
- Redes de apoyo masivas: Muchos grupos tienen tantos o más integrantes en redes de apoyo que en armas, alterando completamente la ecuación de seguridad.
El caso paradigmático del 'clan del Golfo'
Esta organización representa el grupo más cohesionado y con mayor capacidad de reproducción territorial. Opera como una federación criminal con:
- Reglas internas definidas
- Cadenas de mando establecidas
- Capacidad para financiar grandes nóminas mensuales (al menos 1,5 millones de dólares mensuales)
Su número de integrantes en redes duplica a los hombres en armas, lo que explica su crecimiento explosivo y capacidad para ejercer control sin grandes agrupamientos armados.
El arraigo comunitario del Eln
En contraste, el Eln presenta un fenómeno particular: aunque el conteo oficial equipara armas y redes, todos los análisis de terreno coinciden en que su arraigo comunitario supera con creces lo registrado en cualquier tabla. En regiones como Arauca y Catatumbo, han construido redes sociales, políticas y familiares durante décadas.
Esta realidad tiene un impacto directo en las operaciones de seguridad: se vuelve más difícil distinguir entre combatientes y civiles, reduciendo drásticamente la utilidad táctica de bombardeos u operaciones de alto empleo de la fuerza.
La profesionalización del crimen
Un elemento distintivo del momento actual es el auge de un mercado laboral criminal donde:
- El reclutamiento forzado pasa a segundo plano
- Los jóvenes se ven atraídos por salarios, bonificaciones y prestaciones sociales
- Existen servicios de reclutamiento que se venden al mejor postor
Esta profesionalización requiere flujos grandes de recursos para mantener tropas y redes de apoyo, lo que explica la disparada de la extorsión en múltiples regiones del país.
Guerras simultáneas y control territorial
En 2025, la FIP registró al menos trece zonas de disputa activas, frente a apenas siete en 2022. La lógica dominante hoy es la confrontación por rentas ilegales:
- Narcotráfico
- Minería ilegal
- Acaparamiento de tierras
- Extorsión
- Contrabando
Muchos de estos combates se desarrollan en cascos urbanos en medio de la población civil, generando enormes desafíos para enfrentar esta violencia organizada.
La respuesta estatal: entre negociaciones y acciones tardías
Frente a esta compleja situación, el gobierno Petro privilegió inicialmente la instalación de mesas de negociación con todos los grupos, mientras dejaba la respuesta de seguridad en segundo plano. La 'paz total' se convirtió en un paraguas discursivo que perdió brújula, según el análisis de Llorente.
Solo hasta 2025 el Gobierno reconoció la necesidad de usar presión militar, pero esta llegó tarde y sin coordinarse adecuadamente con las negociaciones. Además, los grupos armados han adaptado sus tácticas:
- Se concentran menos en campamentos
- Se mueven en unidades pequeñas
- Operan de civil y se mimetizan con la comunidad
- Combaten cada vez más en medio de pueblos
Recomendaciones para una respuesta efectiva
María Victoria Llorente propone varias líneas de acción para confrontar este escenario operativo complejo:
- Inteligencia territorial fina: Modernizar sistemas de procesamiento de información y recomponer capacidades básicas de búsqueda y recolección.
- Fortalecimiento judicial: Incrementar la capacidad del sistema judicial para procesar capturas, evitando que operativos militares pierdan impacto por fallas procesales.
- Reconocimiento de la gobernanza ilegal: Aceptar que en muchas regiones los actores armados cumplen funciones que el Estado no ejerce.
- Repensar el arreglo institucional: Modificar la relación entre nación y regiones para contrarrestar la fragilidad estatal local.
"Sin una judicialización oportuna, cualquier repunte operativo termina siendo simbólico", advierte Llorente. De nada sirve capturar cientos de integrantes si la mayoría sale libre por fallas procesales o congestión judicial.
Un llamado a la acción concreta
El análisis concluye con un llamado urgente: necesitamos pasar de la preocupación por saber que hoy hay 27.000 combatientes en el país a construir soluciones viables desde la base. El Estado colombiano sigue sin saber cómo operar con eficacia en los territorios, y el lente nacional no basta para enfrentar realidades locales complejas y diversificadas.
Reconocer este problema, como ya lo hacen diversos sectores, es solo el primer paso. El verdadero desafío está en transformar ese reconocimiento en políticas públicas efectivas que permitan al Estado recuperar el terreno perdido frente a los grupos armados ilegales.
