El auge imparable de la criminalidad transnacional en América Latina
La región latinoamericana enfrenta un desafío creciente con la expansión del crimen organizado que traspasa fronteras nacionales. Según el análisis del exfiscal general Francisco Barbosa, la combinación de migración masiva y flujos financieros ilícitos ha creado un caldo de cultivo perfecto para que las organizaciones criminales multipliquen su poder e influencia.
Estrategias fragmentadas y realidades compartidas
Cada país de la región ha desarrollado sus propias estrategias contra la criminalidad, pero con resultados limitados. En Colombia, la Fiscalía General estableció entre 2020 y 2024 un plan basado en la ruptura de corredores regionales del crimen, la itinerancia y la priorización de conductas delictivas según análisis territoriales específicos.
México y Brasil enfrentan complejos problemas de competencia entre niveles centrales y regionales, mientras que naciones centroamericanas como El Salvador, Honduras y Guatemala han centrado sus esfuerzos en la persecución de pandillas y estructuras criminales locales.
La movilidad humana como vector criminal
El fenómeno migratorio de los últimos años, particularmente el éxodo de más de 6 millones de venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro, ha sido aprovechado por redes criminales para expandir sus operaciones. Lo que comenzó como desplazamiento humano por razones económicas y políticas se transformó en una oportunidad para el narcotráfico, la trata de personas y la cibercriminalidad organizada.
Las cifras son elocuentes: mientras entre 2015 y 2020 la frontera de Panamá con Colombia registró la entrada de 89.777 migrantes, solo en 2023 más de 520.000 personas cruzaron hacia Estados Unidos. Este flujo descontrolado creó las condiciones ideales para que organizaciones como el 'Tren de Aragua' establecieran operaciones en múltiples países del continente.
Casos emblemáticos que alarman a la región
La banda criminal venezolana 'Tren de Aragua' opera actualmente en varios países americanos, con Chile sufriendo especialmente sus efectos a través de olas de delincuencia vinculadas al tráfico de drogas, secuestros y extorsiones. Ciudades como Antofagasta y el centro de Santiago han experimentado niveles de violencia sin precedentes atribuidos a esta organización.
En Brasil, el Comando Vermelho mantiene vínculos con mafias del sur de Colombia, demostrando la interconexión regional del crimen organizado. La masacre de 132 personas durante la operación Contención en favelas de Río de Janeiro el 29 de octubre de 2025 evidenció la capacidad destructiva de estas estructuras cuando actúan sin control.
Persecución financiera: golpear donde más duele
Las autoridades judiciales han comprendido que perseguir los bienes de la mafia resulta fundamental para desarticular sus operaciones. El lavado de activos busca integrar fondos ilícitos a la economía formal, aparentando legitimidad mientras los delincuentes adquieren propiedades y capital con facilidad.
Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, Perú, República Dominicana y El Salvador han aprobado leyes de extinción de dominio para confiscar bienes vinculados a actividades ilícitas. Solo en Colombia, entre 2020 y 2024 se decomisaron más de 7.000 millones de dólares a organizaciones criminales.
"Los recursos se esconden a través de empresas fachada, operaciones financieras complejas, paraísos fiscales, criptomonedas, inversiones legales, operaciones comerciales ficticias y corrupción estatal", explica Barbosa en su análisis.
Cooperación internacional: necesidad imperiosa
Organizaciones como la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), que agrupa a 22 fiscales generales, han establecido redes judiciales para compartir información. Estas redes colaboran con agencias estadounidenses como la DEA y el FBI en investigaciones de corrupción internacional y lavado de dinero, como ocurrió en los casos del 'Fifagate' y la trama de Odebrecht.
El Grupo Egmont permite compartir información financiera para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aunque países como Colombia, Venezuela, Nicaragua y Cuba no participan plenamente en estos mecanismos por falta de colaboración gubernamental.
Tres vías hacia soluciones efectivas
Barbosa propone un enfoque triple para enfrentar la criminalidad transnacional:
- Fortalecimiento de aparatos judiciales nacionales con enfoque en itinerancia, articulación y persecución en corredores regionales de criminalidad.
- Aplicación rigurosa de leyes de extinción de dominio para perseguir el dinero ilícito y desincentivar actividades criminales.
- Articulación de órganos de inteligencia e investigación a través de asociaciones como la Aiamp y colaboración con el Grupo Egmont para detectar lavado de activos y financiamiento terrorista.
El desafío requiere que las autoridades judiciales sistematicen sus instrumentos de investigación, implementen software de predictibilidad criminal, utilicen inteligencia artificial e internet de las cosas, y establezcan asociaciones transfronterizas que permitan comprender y combatir el movimiento simultáneo del crimen y el dinero.
