La Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) han emitido una alerta sobre el preocupante aumento del confinamiento en Colombia, una situación que afecta con mayor intensidad a comunidades vulnerables en medio de la escalada del conflicto armado.
Cifras alarmantes en el primer trimestre de 2026
Entre enero y marzo de 2026, más de 39.000 personas se vieron forzadas a permanecer confinadas para proteger sus vidas. Esta cifra representa un incremento del 63% en comparación con el mismo período de 2025, mientras que el número de eventos de confinamiento creció un 23%, evidenciando un deterioro continuo de las condiciones humanitarias en el país.
El fenómeno no es nuevo, pero se ha agudizado. Durante todo el año 2025, más de 128.000 personas resultaron afectadas por confinamientos, lo que significó un aumento superior al 19% respecto a 2024, cuando se registraron más de 107.000 víctimas de esta situación.
Comunidades étnicas, las más golpeadas
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que “una proporción significativa de los eventos de confinamiento afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes”. Subrayó que estos territorios enfrentan mayores niveles de aislamiento y precariedad institucional, factores que profundizan el riesgo humanitario.
De los 26 eventos documentados en el primer trimestre de 2026, 17 afectaron a comunidades étnicas, mientras que 9 impactaron a poblaciones campesinas. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes continúan siendo los más perjudicados por esta dinámica.
¿Por qué está aumentando el confinamiento en Colombia?
El recrudecimiento del conflicto armado, junto con la fragmentación de actores ilegales, ha generado mayores restricciones a la movilidad de la población civil. Estas limitaciones no solo dificultan la vida cotidiana, sino que pueden prolongarse durante semanas o incluso meses, comprometiendo la supervivencia de comunidades enteras.
En 2025, los departamentos más afectados fueron Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. En lo que va de 2026, el impacto se concentra en Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guainía.
Consecuencias del confinamiento
El confinamiento compromete la supervivencia de comunidades enteras. Además de limitar la movilidad, afecta su relación con el territorio, interrumpe prácticas ancestrales y restringe el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, la alimentación y la vivienda.
A través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría ha identificado patrones reiterados de control territorial y restricciones a la libre locomoción. La entidad ha insistido en la necesidad de acciones urgentes por parte de las autoridades para prevenir estos riesgos y proteger a la población civil.
Llamado a la acción
Para las comunidades afectadas, resulta clave adelantar la toma de declaraciones y su inclusión en el Registro Único de Víctimas, así como activar rutas de atención, restablecimiento de derechos y procesos de reparación.
El confinamiento fue reconocido como hecho victimizante en 2016, y su alcance fue precisado posteriormente con la Ley 2124 de 2024. A esto se suma el Decreto 525 de 2025, que busca fortalecer la respuesta humanitaria y mejorar la coordinación institucional.
“Estamos frente a un tema que está aumentando, que necesita ser conceptualizado de manera más clara para poder tener acciones contundentes”, señaló el representante de Acnur en Colombia, Giovanni Lepri, quien advirtió sobre los desafíos en prevención, atención integral y acceso humanitario.
La Defensoría concluyó que, aunque existen esfuerzos institucionales, la respuesta sigue siendo “insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía”, especialmente en zonas rurales donde este fenómeno se presenta con mayor frecuencia.
