Emergencia económica por lluvias: entre la necesidad y la sospecha
Mientras la emergencia económica decretada por el Gobierno a finales del año pasado carecía de sustento suficiente por la ausencia de hechos extraordinarios, los dolorosos eventos ocurridos en febrero en Córdoba, Bolívar y otros departamentos por las lluvias torrenciales y desbordamientos de ríos sí constituyen sucesos imprevisibles que justifican medidas excepcionales.
La sombra de la politización de los recursos
La clave en este nuevo escenario de emergencia económica es que la conducta del Ejecutivo no permita inferir que se aprovechará esta trágica situación humanitaria para imponer impuestos que engorden las arcas estatales, con el riesgo de distraer los recursos recaudados hacia más burocracia y gastos de carácter electoral, en lugar de destinarlos a soluciones de fondo para los miles de damnificados.
Existen razones contundentes para mantener las alarmas encendidas. Varios analistas económicos y expertos en gestión pública ya han expresado sus preocupaciones fundamentadas, destacando la posibilidad de emplear alternativas más transparentes y eficientes para solventar la enorme crisis que afecta a numerosos municipios colombianos.
La cifra cuestionada: 8 billones sin sustento técnico
El Gobierno nacional aspira a recaudar aproximadamente 8 billones de pesos como efecto de los decretos que reglamentarán la nueva emergencia económica. Sin embargo, no ha presentado públicamente el sustento técnico que sirvió de base para proyectar esa cifra, la cual podría variar significativamente considerando:
- Los daños materiales de toda índole causados por fenómenos climáticos inusuales
- La extensión territorial aún indeterminada del impacto
- El número exacto de viviendas que requieren refacción o reconstrucción total
- Las inversiones necesarias para reactivar la producción agrícola y pecuaria
Resulta sospechoso que se haya anunciado esta cifra millonaria cuando la emergencia aún no ha concluido y sin conocer a cabalidad la magnitud real de los daños. Expertos con amplia trayectoria señalan acertadamente la necesidad de diferenciar entre:
- Los costos de atención inmediata a la población afectada
- Los costos de reconstrucción estructural a mediano y largo plazo
Más allá de la refacción: soluciones estructurales
El verdadero reto trasciende la simple refacción de viviendas averiadas. La cuestión central radica en qué debe implementarse desde la ingeniería especializada para evitar que miles de hectáreas vuelvan a inundarse en futuras temporadas de lluvias. Es fundamental desarrollar obras públicas que mitiguen permanentemente el impacto de fenómenos naturales adversos.
Resulta sensato que el Gobierno escuche las voces de las regiones afectadas, como lo han propuesto tanto la Federación Nacional de Departamentos (FND) como el gobernador de Córdoba: utilizar los saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías (SGR) administrados por la Nación, que ascienden aproximadamente a 6 billones de pesos.
Una inversión basada en elementos técnicos rigurosos, con destinación específica y empleando mecanismos de financiación ya existentes como las disponibilidades del SGR, representa una alternativa viable y transparente. Esta aproximación garantizaría que los recursos lleguen efectivamente a las 58 mil familias afectadas en 16 departamentos, priorizando su bienestar sobre consideraciones políticas o burocráticas.
