Gobierno detalla procedencia de los 8 billones para emergencia en Córdoba
El presidente Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de declarar una nueva emergencia económica y social para enfrentar la grave crisis generada por el desbordamiento del río Sinú en el departamento de Córdoba. Esta medida se presentaría como alternativa si la Corte Constitucional mantiene la suspensión del estado de excepción decretado a finales de diciembre.
Desglose de la cifra millonaria
El Ejecutivo nacional ha estimado que se requieren aproximadamente 8 billones de pesos para cubrir todas las fases de atención a la emergencia, desde la respuesta inmediata hasta la recuperación productiva de las comunidades afectadas. Esta cifra ha generado dudas y cuestionamientos desde diversos sectores políticos.
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), explicó que este monto corresponde a un cálculo preliminar para la fase de recuperación, basado en antecedentes históricos y en los daños preliminares identificados en el territorio.
Etapas de la atención y recursos disponibles
Carrillo detalló que la atención de la emergencia se divide en distintas etapas:
- Respuesta inmediata: Incluye asistencia humanitaria, alojamientos temporales y acciones de rescate. Para esta fase, la UNGRD cuenta con 190.000 millones de pesos de su presupuesto 2026.
- Recuperación: Abarca la reconstrucción de infraestructura, viviendas y la reactivación productiva. Es para esta etapa que se requieren los 8 billones estimados.
El director de la UNGRD señaló que los daños identificados incluyen:
- 4.000 viviendas destruidas
- Aproximadamente 200 colegios afectados
- Extensa red de infraestructura vial dañada
- Obras en acueductos y saneamiento básico comprometidas
- Proyectos hidráulicos afectados
Cálculos ministeriales detallados
Fuentes internas de la UNGRD explicaron que la cifra de 8 billones no es un cálculo "a ojo", sino que proviene de diagnósticos realizados por cada ministerio sobre las necesidades específicas de sus carteras.
Ministerio de Agricultura: La ministra Marta Carvajalino reportó costos cercanos a 700.000 millones de pesos para atender:
- 27.075 predios afectados (231.208 hectáreas)
- 546.718 bovinos y bufalinos afectados
- 3.166 especímenes muertos por las inundaciones
- 30.113 hectáreas de cultivos diversos dañadas
Adicionalmente, se requieren 139.590 millones de pesos para drenaje de suelos y 81.000 millones para adecuación de cultivos. Carvajalino alertó que esta situación debe manejarse "como de seguridad nacional".
Ministerio de Vivienda: La ministra Helga Rivas calculó que la reconstrucción de vivienda requeriría 5,8 billones de pesos, siendo el rubro más significativo el de agua y saneamiento básico con 4,4 billones. Solo para vivienda y mejoramiento se estiman 1,4 billones.
Antecedentes históricos y precisiones
Desde la UNGRD han comparado esta estimación con lo ocurrido durante el fenómeno de La Niña de 2010-2011, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos destinó cerca de 10 billones de pesos para la recuperación tras daños similares. Actualizada a precios actuales, esa cifra sería superior a los 8 billones mencionados actualmente.
Carrillo enfatizó que el costo total podría aumentar conforme se conozca el alcance real de los daños, especialmente considerando que los cálculos actuales se centran principalmente en Córdoba y no incluyen completamente las afectaciones en Antioquia y Sucre.
Cuestionamientos y contexto político
La posible declaratoria de emergencia económica ha revivido críticas desde la oposición, que recuerda el escándalo de corrupción en la gestión de Olmedo López en la UNGRD, donde se habrían perdido más de un billón de pesos.
Sin embargo, la entidad ha destacado que ha iniciado una estrategia de recuperación de dichos recursos, habiendo recobrado ya 7.722 millones de pesos según el balance presentado por Carrillo en 2025.
El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, tras una sesión de casi nueve horas, recomendó al presidente declarar la emergencia económica, social y ambiental, argumentando que la UNGRD no dispone de recursos suficientes para la fase de recuperación.
El gobierno insiste en que los 8 billones representan una estimación conservadora basada en experiencias anteriores y en los impactos ya contabilizados, subrayando la necesidad de actuar con celeridad ante la magnitud de la crisis humanitaria y productiva en la región.
