Procuraduría avanza en investigación sobre manejo del embalse Urrá durante inundaciones en Córdoba
La emergencia invernal que afecta gravemente al departamento de Córdoba ha generado una respuesta institucional contundente, abriendo un nuevo capítulo en el análisis de la gestión del riesgo en esta región del país. Mientras numerosas comunidades enfrentan las devastadoras consecuencias del desbordamiento de aguas, los organismos de control han intensificado sus acciones para verificar las actuaciones administrativas vinculadas a la operación de infraestructuras estratégicas.
Fase probatoria en marcha para establecer responsabilidades
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó que la entidad está desarrollando de manera acelerada la recopilación de material probatorio con el objetivo fundamental de determinar responsabilidades frente a la tragedia que impacta al territorio cordobés. La investigación se concentra específicamente en el manejo de las aguas del embalse de Urrá y busca establecer si las decisiones técnicas y administrativas adoptadas fueron apropiadas para la magnitud del fenómeno natural registrado.
Según explicó el jefe del Ministerio Público, el propósito central es esclarecer completamente lo ocurrido con la operación de la represa y garantizar que se imparta justicia conforme a la realidad de los hechos documentados. Actualmente, el proceso se encuentra en su fase probatoria, etapa que se inició inmediatamente después de registrarse la inundación que afectó a múltiples comunidades.
En este punto crucial, la delegatura competente analiza minuciosamente indicios que sugerirían un manejo tardío en la liberación controlada del agua, hipótesis que, según subrayó Eljach, debe ser verificada con máximo rigor para evitar conclusiones anticipadas o injustas que podrían afectar el debido proceso.
Alcance ampliado de la investigación disciplinaria
La Procuraduría estima que en un plazo inferior a un mes podría adoptarse una decisión disciplinaria de primer orden, siempre que el acervo probatorio reunido permita avanzar en esa dirección con suficiente sustento jurídico. No obstante, la entidad mantiene la reserva legal propia de las investigaciones preliminares, protegiendo así la integridad del proceso.
El alcance de la investigación no se limita exclusivamente a los operarios directos del embalse. El procurador fue enfático en señalar que, al tratarse de un ente público de carácter predominante, ningún integrante de su estructura organizacional está por fuera del control disciplinario que ejerce el Ministerio Público.
Además, advirtió claramente que, si las pruebas recopiladas evidencian una conexión esencial entre los hechos investigados y otras autoridades del orden nacional, el organismo procederá a llamar a rendir explicaciones detalladas a cualquier funcionario que haya tenido responsabilidad directa o indirecta en la gestión de la crisis humanitaria y ambiental.
Compromiso institucional frente a la emergencia
Por ahora, la actuación del ente de control se concentra exclusivamente en lo sucedido durante el evento de inundación, con el objetivo preciso de establecer si la emergencia pudo haberse mitigado mediante una intervención más oportuna y técnicamente fundamentada. Frente a las inquietudes ciudadanas sobre un eventual uso político de ayudas humanitarias en medio de la emergencia, Eljach precisó que la Procuraduría ejerce control disciplinario sobre servidores públicos, mientras que los candidatos y partidos políticos, al ser entes de naturaleza privada, no están bajo su competencia directa.
Sin embargo, hizo un llamado contundente a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad a través de canales formales e idóneos establecidos por el Estado, y no únicamente por medio de redes sociales, ya que estas plataformas no constituyen mecanismos suficientes para iniciar investigaciones de oficio con todas las garantías procesales.
"El compromiso institucional es garantizar que las autoridades competentes procedan ante denuncias serias y fundamentadas en medio de la emergencia", afirmó el procurador general, reiterando la disposición del organismo para actuar con celeridad y transparencia en este caso que ha conmovido a la región cordobesa.
