Cuatro personas heridas en dos incidentes con minas antipersona en el Catatumbo
Este fin de semana, el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo en Norte de Santander, fue escenario de dos trágicos eventos con minas antipersona que dejaron cuatro personas heridas, incluyendo dos menores de edad. Los hechos han generado alarma en una zona ya afectada por el conflicto armado y los desplazamientos forzados.
Familia atacada camino a reunión escolar
El primer incidente ocurrió en la vereda Miramontes, del corregimiento Pachelí, donde María Aleyda Guerrero, de 40 años, se desplazaba junto a sus dos hijos, de 10 y 9 años, hacia una reunión convocada para abordar el deterioro de una sede de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia. En el trayecto, la familia pisó una mina antipersona, sufriendo lesiones que requirieron su traslado urgente a centros médicos en Cúcuta, donde permanecen bajo atención.
El Ministerio de Educación expresó su solidaridad con la comunidad y anunció la activación de la ruta de atención a víctimas a través del AICMA (Acción Integral Contra Minas Antipersonal). "Las niñas y los niños no pueden ser parte de la guerra. La escuela es territorio de vida y debe permanecer siempre al margen de cualquier hostilidad", señaló la cartera en un comunicado.
Segundo caso en vereda Orú 7
En un hecho separado, registrado en el sector de Versalles de la vereda Orú 7, Yeison Paredes Guerrero, de 32 años, quedó atrapado en un campo minado y activó uno de estos artefactos. El hombre sufrió graves heridas en la pierna derecha, siendo rescatado inicialmente por vecinos y llevado al hospital San José de Tibú, para luego ser trasladado al Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, donde continúa hospitalizado.
Contexto de violencia y desplazamiento
Estos ataques elevan a cinco el número de víctimas por minas antipersona en la región en los últimos días, exacerbando la preocupación en una zona donde persisten los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN. Este conflicto, que lleva más de un año activo, ha provocado el desplazamiento de más de 80.000 personas en el Catatumbo, creando un entorno de inseguridad constante.
Las autoridades reiteran que la instalación de minas en entornos escolares y sus accesos constituye una grave infracción al derecho a la educación y a la vida, recordando la importancia de proteger a la población civil en medio del conflicto armado.
