La aviación militar colombiana enfrenta una crisis operativa sin precedentes
El accidente aéreo en Putumayo que cobró la vida de 69 militares y dejó 57 heridos representa solo el episodio más reciente de una preocupante tendencia que afecta a las fuerzas armadas colombianas. Desde el año 2000, se han registrado al menos 27 siniestros de aeronaves de la Fuerza Pública, con ocho de ellos concentrados en los últimos tres años, lo que ha encendido las alarmas sobre el estado real de la flota aérea nacional.
Un panorama complejo para la Fuerza Aeroespacial Colombiana
De estos incidentes, 16 involucraron aeronaves del Ejército Nacional y 11 corresponden a la Fuerza Aérea Colombiana. Entre los casos más recientes destaca la caída de un helicóptero en zona rural de Cumaribo, Vichada, el 29 de septiembre de 2024, donde perdieron la vida ocho soldados. Estos eventos han puesto bajo escrutinio público la capacidad operativa de las instituciones militares.
El general (r) Guillermo León León, presidente de Acore y excomandante de la FAC en 2013, explica que el problema trasciende la simple antigüedad de los equipos: "Todas las fuerzas tienen algo en común y es que si bien tenemos los equipos, ojalá tuviéramos últimos modelos, pero son flotas que tienen capacidades y están disponibles para operar. El alistamiento está muy bajo, esto se ha venido diciendo desde hace tiempo".
Problemas técnicos y limitaciones presupuestales
La situación se ha visto agravada por dificultades específicas con helicópteros MI-17 y Black Hawk. En el caso de los MI, los problemas comenzaron con la imposibilidad de firmar contratos debido al embargo internacional a Rusia, seguido de fallas contractuales que impidieron la recuperación de la flota. Paralelamente, la flota de Black Hawk presenta niveles críticos de operatividad, reflejando un bajo nivel general de alistamiento en toda la aviación militar.
Las cifras oficiales revelan una distribución problemática de recursos. Según el Sistema Integrado de Información Financiera, con corte al 31 de diciembre de 2025, el presupuesto vigente para Defensa y Policía alcanzó los 60,6 billones de pesos, con una ejecución del 92,4%. Sin embargo, el rubro de inversión —fundamental para mantenimiento y modernización— apenas ejecutó el 40%, utilizando solo 928.055 millones de pesos de los 2,5 billones disponibles.
Distribución inequitativa de recursos
Para el general León, el problema central radica en cómo se asignan los fondos: "Cuando uno desnuda el presupuesto, se da cuenta que los recursos están yendo a gastos de personal y no a los temas que deben ser la operación". En efecto, aproximadamente el 80% del presupuesto se destina a personal, impulsado en parte por el aumento significativo de la bonificación a soldados regulares, que pasó de 300.000 pesos en 2022 a cerca de 1.750.000 pesos en la actualidad. "Tengo gente motivada, pero no tengo equipo para volar", resume crudamente la situación el excomandante.
Amenazas externas y envejecimiento de la flota
Este panorama se complica aún más considerando que desde 2023 las Fuerzas Públicas han registrado seis ataques de grupos armados contra aeronaves. Solo el año pasado se reportó un ataque en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías asesinados. En 2024 hubo tres ataques en diferentes regiones del país, y en 2023 se documentaron dos incidentes adicionales.
El análisis técnico apunta a un deterioro progresivo de capacidades y un aumento del riesgo operacional, que alcanza niveles críticos especialmente en operaciones de transporte bajo condiciones meteorológicas adversas, en pistas con limitaciones técnicas, y sin los más altos estándares operacionales internacionales.
Obsolescencia tecnológica y planes de renovación
El envejecimiento de la flota representa otro desafío mayor. Los aviones Kfir, por ejemplo, enfrentan problemas de obsolescencia tecnológica y ya han comenzado a salir de servicio sin un reemplazo inmediato disponible. Actualmente, entre cinco y seis de estas aeronaves han sido retiradas definitivamente.
En respuesta a esta crisis, el gobierno del presidente Gustavo Petro expidió en septiembre de 2025 el Conpes 4155 y el Decreto 1001, que buscan facilitar la compra de nuevos aviones de combate. El plan contempla específicamente la adquisición de aeronaves Gripen a la empresa sueca Saab, con un costo estimado de 16,5 billones de pesos que serían financiados mediante vigencias futuras hasta 2032.
Compromisos financieros a largo plazo
Esta decisión, aunque apunta a modernizar sustancialmente la flota aérea militar, también compromete una parte significativa del presupuesto de inversión en los próximos años, generando interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del sector defensa.
En el frente de helicópteros, la situación presenta similitudes preocupantes. Las flotas medianas han superado ampliamente su vida útil operativa y requieren reemplazo urgente. La Policía Nacional ya retiró este tipo de aeronaves de servicio, mientras que la FAC y el Ejército continúan operando con los últimos equipos disponibles. Las dificultades para conseguir repuestos especializados y los altos costos de mantenimiento agravan considerablemente este panorama.
Transporte aéreo: estabilidad relativa
En el ámbito del transporte aéreo, la situación presenta cierta estabilidad relativa gracias a la incorporación reciente de seis aviones Caza 295, considerablemente más modernos que los tradicionales Hércules. Sin embargo, estos últimos siguen siendo fundamentales para operaciones logísticas y enfrentan limitaciones operativas crecientes. "Son aviones muy buenos, pero como tienen cuatro motores, son cuatro problemas", explica gráficamente el general León sobre los desafíos de mantenimiento.
Actualmente, la flota de Hércules se reduce progresivamente. Uno de los más antiguos, adquirido en 1968, ya fue retirado del servicio activo, y otro se encuentra en proceso de salida. Antes del accidente reciente en Putumayo, quedaban cinco aeronaves operativas; tras el siniestro, esta cifra se reduciría aún más, limitando severamente las capacidades de transporte militar.
La combinación de factores —siniestros recurrentes, baja inversión en mantenimiento, obsolescencia tecnológica, amenazas externas y compromisos financieros a largo plazo— configura un escenario complejo para la aviación militar colombiana, que requiere atención inmediata y soluciones estructurales para garantizar la seguridad nacional y la protección del personal militar.
