Un nuevo atentado contra una lideresa social ha vuelto a encender las alarmas en el sur de Córdoba. En la noche del miércoles 20 de mayo, Adriana Gandía Vásquez, reconocida defensora de derechos humanos y lideresa del Alto San Jorge, fue víctima de un ataque armado en zona rural del municipio de Puerto Libertador.
Detalles del ataque
Gandía Vásquez, originaria del corregimiento de Tierradentro y excandidata a la Curul de Paz, se desplazaba por una vía rural cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba. Según relató la propia lideresa, los sujetos la obligaron a descender, la golpearon, intimidaron y sometieron a hostigamientos. “Me pidieron que me arrodillara. Yo les decía que si me iban a matar, que lo hicieran estando de pie”, expresó Adriana Gandía tras sobrevivir al ataque.
Durante la agresión, la lideresa recibió un disparo que la dejó gravemente herida. Actualmente permanece bajo atención médica en el municipio de Montelíbano, mientras las autoridades investigan lo ocurrido para determinar a los responsables.
Denuncias de amenazas previas
La lideresa aseguró que desde hace varios años venía denunciando amenazas en su contra debido a su trabajo de defensa del territorio. “No tengo palabras, estoy muy triste. El Alto San Jorge está muy abandonado”, manifestó, denunciando la grave situación humanitaria y de seguridad que enfrentan las comunidades rurales de la zona.
En la región hace presencia el 'clan del Golfo', aunque las autoridades no han confirmado si este grupo armado estaría detrás del atentado o si participaron otras estructuras ilegales. “Pienso que la garantía de la vida, de la tierra y de movilizarnos libremente nos la debe dar el Estado”, agregó la lideresa, insistiendo en la falta de protección para quienes ejercen liderazgo comunitario en Córdoba.
Rechazo de organizaciones de derechos humanos
Tras conocerse el ataque, la plataforma departamental de Dere Humanos CORDOBERXIA rechazó contundentemente lo sucedido: “Este grave ataque, que dejó herida a la lideresa de 36 años, no solo atenta contra su vida e integridad física, sino que representa una agresión directa contra la defensa de la democracia, la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos en la región. (...) La situación de líderes sociales es crítica”, señaló la organización.
Exigieron a las autoridades locales y departamentales convocar un Consejo de Seguridad extraordinario para abordar la compleja situación de orden público y las amenazas constantes que enfrentan los liderazgos sociales en el San Jorge y el sur de Córdoba.
Contexto nacional: violencia contra líderes sociales
El atentado contra Adriana Gandía vuelve a poner en evidencia la crítica situación de seguridad que viven los defensores de derechos humanos en distintas regiones del país, especialmente en territorios donde persisten disputas armadas y débil presencia institucional.
Según Indepaz, en lo que va del año 61 líderes sociales han sido asesinados, siendo abril el mes más violento. Los departamentos con más casos son Cauca, seguido de Antioquia y Valle del Cauca.
En el segundo informe de seguimiento publicado en 2026 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, el país enfrenta una situación de violencia grave y sistemática. Esta problemática se ha agudizado desde la firma del Acuerdo de Paz debido a la expansión y control territorial de grupos armados y el crimen organizado en zonas con poca presencia institucional. Los sectores más golpeados incluyen a los liderazgos comunales, campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como a mujeres, personas LGBTIQ+ y defensores ambientales.
Además, persiste la estigmatización y criminalización de la labor de defensa, vinculando injustamente a los líderes con grupos armados ilegales o señalándolos como delincuentes por participar en la protesta social.
La impunidad estructural representa uno de los mayores desafíos, ya que se estima que más del 90% de los asesinatos de líderes sociales no llegan a una sentencia condenatoria. Aunque la Fiscalía ha fortalecido unidades especiales, no hay avances. “CIDH advierte la persistencia de altos niveles de impunidad en los crímenes cometidos contra personas defensoras, a pesar del fortalecimiento de la UEI de la Fiscalía. En este sentido, recomienda profundizar las acciones de investigación y judicialización, asegurar la coordinación entre las entidades competentes y garantizar la protección de víctimas y testigos”, se lee en el documento.
Por ello, la CIDH enfatiza la urgencia de garantizar una presencia del Estado en todo el territorio y asegurar que las medidas de protección sean concertadas con las comunidades y cuenten con un enfoque diferencial efectivo.
