El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la resolución emitida por la Fiscalía General de la Nación que había levantado las órdenes de captura contra 23 líderes de bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia. Esta medida se enmarca dentro de la política de Paz Total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Origen de la demanda
La decisión del alto tribunal se produjo tras analizar una demanda de nulidad presentada el pasado 6 de abril por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el apoderado judicial del departamento, el abogado Carlos Fernando Duque Gómez. Dicha demanda impugnaba la resolución de la Fiscalía que ordenaba suspender 23 órdenes de captura.
Solicitud de la Oficina de Paz
El origen de la controversia se remonta a febrero pasado, cuando la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, liderada por Otty Patiño, solicitó a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura contra personas reconocidas por el gobierno como voceros de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) de Medellín y el Valle de Aburrá, que participan en la mesa de paz urbana de la ciudad.
Revocatoria parcial y nueva suspensión
Previamente, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, había revocado el beneficio para 16 de los líderes de estas bandas criminales. Con la nueva determinación del Consejo de Estado, los últimos siete jefes criminales que aún conservaban la suspensión de las órdenes de captura también se vieron afectados.
Lista de afectados
La decisión del Consejo de Estado impacta directamente a los siguientes individuos: Alberto Antonio Rodríguez Henao Acevedo, Andrés Dimaría Oliveros Correa, Fredy Alexander Henao Arias, Gustavo Adolfo Pérez Peña, Jhon Fredy Yepes Hoyos, Mauricio de Jesús Morales Múnera y Rodrigo Henao Acevedo.
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