ELN desmiente rotundamente acusaciones sobre plan para atentar contra Paloma Valencia
El equipo negociador de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) rechazó de manera tajante y contundente las acusaciones sobre un supuesto plan para atentar contra la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia. La organización insurgente calificó estas versiones como "cuentos falsos" y estrategias viejas, en respuesta directa a la denuncia pública realizada por el expresidente Álvaro Uribe.
Comunicado oficial del ELN en redes sociales
A través de un breve pero firme mensaje difundido en sus plataformas oficiales de redes sociales, la vocería de paz del grupo guerrillero negó cualquier tipo de participación en hechos relacionados con el proceso electoral colombiano. "Estrategias viejas y cuentos falsos. Ni tenemos interlocutores, ni intervenimos en temas electorales. Mucho menos con amenazas a ningún candidato o candidata... #Falso", señaló el pronunciamiento oficial del ELN.
La reacción inmediata del grupo armado se produce específicamente luego de que el expresidente Álvaro Uribe asegurara haber recibido información confidencial de presuntos "interlocutores" del ELN, quienes habrían advertido sobre un plan detallado para atacar físicamente a la congresista del Centro Democrático. Esta grave denuncia elevó considerablemente el nivel de alerta y tensión en el escenario político nacional actual.
Detalles de la denuncia de Álvaro Uribe
En su publicación en la red social X, el exmandatario colombiano afirmó textualmente: "Máxima Alerta para proteger a Paloma Valencia. De interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia".
Uribe también sostuvo que, según esos reportes no verificados oficialmente, los jefes guerrilleros estarían promoviendo activamente una estrategia política compleja para influir directamente en las próximas elecciones presidenciales colombianas. En ese contexto específico, aseguró que existiría una orden explícita de apoyar al candidato Iván Cepeda con el objetivo declarado de "imponerlo como presidente en primera vuelta".
Reacciones políticas inmediatas y ampliación del debate
Las declaraciones públicas del exmandatario generaron reacciones inmediatas y preocupantes en distintos sectores políticos colombianos, ampliando significativamente el debate nacional sobre la seguridad real de los aspirantes presidenciales en medio del delicado proceso electoral. Las versiones contradictorias sobre posibles amenazas comenzaron a cruzarse entre distintas corrientes políticas, creando un clima de incertidumbre.
A este panorama ya complejo se sumó el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que también existiría un riesgo concreto y verificable contra el candidato Iván Cepeda. El jefe de Estado afirmó categóricamente que "ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado", aunque no ofreció mayores detalles públicos ni evidencias documentadas sobre esta información sensible.
Alarmas institucionales y llamado a la protección
Las advertencias provenientes de diferentes actores políticos de alto nivel encendieron las alarmas institucionales en todo el país. La coincidencia temporal en las denuncias, aunque con versiones sustancialmente distintas y contradictorias, incrementó notablemente la preocupación gubernamental sobre la seguridad integral en el contexto electoral colombiano.
Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió oficialmente a la situación señalando que en las últimas horas se han conocido informaciones preocupantes relacionadas tanto con amenazas a Iván Cepeda como con las denuncias específicas sobre Paloma Valencia.
"El cuidado de la vida de los candidatos y la democracia son valores superiores a proteger", afirmó el jefe del Ministerio Público colombiano, quien instó urgentemente a todas las autoridades competentes a tomar medidas preventivas inmediatas.
En ese sentido crítico, Eljach solicitó formalmente al Gobierno nacional reforzar significativamente los esquemas de seguridad especializada de todos los aspirantes presidenciales, en medio de un ambiente político marcado por denuncias cruzadas, versiones contradictorias y acusaciones aún sin confirmación oficial por parte de las autoridades investigadoras competentes.
