Alarma en el sistema de salud por nombramientos cuestionados
El sistema de salud colombiano enfrenta una de sus crisis más profundas en medio de señales de alarma que se acumulan sin solución. Con siete EPS bajo medida de intervención que concentran a más de 23 millones de afiliados, la situación se ha tornado crítica. Nueva EPS, la más grande del país, presenta cuentas por pagar que superan los 26 billones de pesos y un represamiento de facturas que se triplicó durante la propia intervención, pasando de 5,7 a 14,9 billones. Millones de colombianos experimentan demoras en citas con especialistas, barreras para acceder a medicamentos y una incertidumbre creciente sobre la continuidad del sistema que los ampara.
Decisiones polémicas en momento crítico
En este escenario frágil y tenso, el gobierno de Gustavo Petro tomó dos decisiones que han encendido las alarmas de expertos, gremios, pacientes y hasta de sus propios aliados políticos. El 10 de abril, la Presidencia designó al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo agente interventor de Nueva EPS. Cinco días después, el 15 de abril, presentó la hoja de vida del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como aspirante a dirigir la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que quedó acéfala tras la renuncia de Bernardo Camacho.
Los cuestionamientos sobre Ospina no vinieron solo de la oposición. La propia Superintendencia Nacional de Salud advirtió en un documento oficial que el exmandatario caleño no cumpliría con los requisitos mínimos de experiencia para el cargo, señalando ausencia de tres años en cargos directivos en el sector salud y una calificación de "riesgo alto" en listas restrictivas. El mismo documento reveló que el Comité de Medidas Especiales había recomendado de manera unánime no adoptar una nueva intervención forzosa sobre Nueva EPS por falta de insumos técnicos completos.
Fracturas internas y procesos judiciales
La fractura se hizo visible cuando el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, descalificó públicamente a Ospina desde sus primeras apariciones. "No sabe cómo se elabora la UPC. No puede conceptuar sobre eso", dijo el ministro, después de que el interventor afirmara ante Caracol Radio que la Unidad de Pago por Capitación era insuficiente. La imagen de un ministro desautorizando en público al funcionario que acaba de nombrar el presidente de la República resumió, para muchos actores del sistema, el nivel de descoordinación con el que se están tomando decisiones sobre una entidad que atiende a más de 11,7 millones de colombianos.
En el plano judicial, Ospina enfrenta dos investigaciones abiertas por la Fiscalía: una por presuntas irregularidades en un contrato de alumbrado navideño en Cali por más de 10.000 millones de pesos durante su última alcaldía, y otra por un contrato de publicidad de su primer mandato. El caso de Quintero genera igual o mayor inquietud. La Fiscalía lo tiene en etapa de juicio por peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del caso del lote Aguas Vivas en Medellín.
Impacto directo en pacientes y sistema
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, señala que la confianza institucional se construye con rigor técnico y estabilidad, no con anuncios de que "ahora sí empieza la reforma" en medio de una crisis de atención. "El mensaje que reciben los pacientes es de transición, no de solución", resume. Y agrega una advertencia que va más allá de los nombres: "La salud es un escenario al que no deberíamos llevar el debate electoral. Las consecuencias de este tipo de escenarios de conflicto son devastadoras para los pacientes, que son los únicos perdedores en estas situaciones".
Los riesgos para los pacientes, según los expertos, incluyen interrupción de tratamientos, demoras en diagnósticos y dificultades para acceder a medicamentos esenciales. Frente a la posibilidad de liquidaciones masivas de EPS, Vesga es enfática en que destruir lo que funciona solo profundiza el problema: "Hay EPS que funcionan bien, con alta satisfacción de usuarios, y deben ser parte de la solución".
Incertidumbre y falta de claridad
Jorge Toro, director de la Unión de IPS, que representa a más de 200 clínicas y hospitales del país, plantea la pregunta que hoy se hacen todos los prestadores: ¿a qué viene realmente Ospina y con qué hoja de ruta? Toro identifica dos interpretaciones posibles: que el interventor llegue a organizar la capitalización con apoyo del Ministerio de Hacienda y a buscar levantar la medida de intervención con el nuevo superintendente; o que venga a fortalecer los procesos internos, reorganizar la cartera de pagos con la red prestadora y garantizar el derecho a la salud de los usuarios.
Frente a Quintero, Toro enumera los interrogantes que sus primeras declaraciones dejan abiertos: si viene a liquidar EPS, si viene a levantar la medida sobre Nueva EPS para trasladar usuarios masivamente desde las intervenidas, si respetará el debido proceso en las actuaciones administrativas de la Superintendencia, si tendrá en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre los procesos de intervención. "La llegada de los exalcaldes tanto a la Nueva EPS como a la Superintendencia de Salud genera una completa incertidumbre sobre el futuro del sistema de aseguramiento en el país", sentencia.
Advertencias desde las asociaciones de pacientes
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, no usa eufemismos para describir el estado de la entidad que Ospina hereda: Nueva EPS es hoy "inviable administrativa y financieramente". Según explica Silva, en dos años de intervención la EPS ha recibido en promedio 44 billones de pesos de la UPC, pero no tiene patrimonio líquido, acumula anticipos por legalizar superiores a 16 billones de pesos y una deuda que supera los 26 billones.
Álvaro Molina, vocero de las Asociaciones de Usuarios, desplaza el foco del debate hacia donde considera que realmente debe estar: el problema no son solo los perfiles individuales de los designados, sino la señal que sus nombramientos envían sobre las intenciones del gobierno en sus últimos meses. "Hoy lo único que hay es temor entre usuarios y pacientes, entre trabajadores de la salud y entre la red prestadora, que no tiene una visión ni una orientación de hacia dónde irían estos nuevos funcionarios". Y ese temor, concluye, "lo único que hace es agudizar más la falta de atención a usuarios y pacientes, poniendo más en riesgo la vida de los colombianos".
