Red criminal de explotación sexual infantil opera en el Chocó con impunidad
Una investigación periodística basada en fuentes militares ha revelado una aterradora red de explotación sexual infantil que opera en el departamento del Chocó, donde grupos armados ilegales estarían vendiendo niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes a depredadores sexuales. Según la información recopilada, esta actividad criminal se ha desarrollado durante varios años con total impunidad en zonas rurales apartadas.
Los grupos armados detrás del negocio macabro
Las fuentes militares identificaron específicamente a dos estructuras criminales como responsables principales de estas actividades:
- El Ejército de Liberación Nacional (ELN)
- El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)
Estos grupos operan en poblaciones remotas como Pueblo Rico, Guarato y Yuto, donde aprovechan su control territorial para amenazar a las familias y raptar a sus hijas menores de edad. Las víctimas son posteriormente trasladadas a las principales carreteras de ingreso al departamento, especialmente aquellas que conectan con Medellín y Pereira hacia Quibdó.
El modus operandi de la explotación
El mecanismo de explotación sigue un patrón sistemático:
- Los miembros de los grupos armados identifican a niñas y adolescentes en comunidades vulnerables
- Utilizan amenazas y coerción contra las familias para obtener acceso a las menores
- Trasladan a las víctimas hacia puntos de venta en carreteras principales
- Las ofrecen como "vírgenes" a depredadores sexuales
- Cobran sumas que oscilan entre 1 y 5 millones de pesos por cada menor
Una lideresa comunitaria del municipio de Unguía entregó un testimonio escalofriante: "Hubo un comandante que llegó a tener 60 o 65 niñas de todas las veredas y corregimientos. Las metía en casas como un condominio. Esas niñas eran vigiladas, no podían salir del territorio. Eran propiedad de él".
La Defensoría del Pueblo alerta sobre una crisis nacional
La Defensoría del Pueblo lleva años documentando esta problemática que no se limita al Chocó. En diciembre del año pasado, el organismo emitió una alerta específica sobre "la persistente y sistemática vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica" en zonas de conflicto armado.
Según el informe de la Defensoría, esta crisis afecta también a:
- Poblaciones del Pacífico como Buenaventura
- La subregión del Catatumbo
- Departamentos de Arauca, Guainía, Vichada, Amazonas, Cauca, Nariño y Putumayo
Consecuencias devastadoras para las víctimas
Las consecuencias de esta explotación son profundamente traumáticas para las menores afectadas:
- Adquisición de infecciones y enfermedades de transmisión sexual
- Embarazos adolescentes no deseados
- Abortos forzados en condiciones inseguras
- Obligación a ejercer la prostitución
- Daños psicológicos severos y trastornos de salud mental
- Restricción total de su autonomía y libertad
La Defensoría advierte que "las dinámicas de control ejercidas por los grupos armados ilegales restringen gravemente el acceso a la salud, la autonomía reproductiva y sexual y la integridad física y emocional de mujeres, niñas y adolescentes".
Un informe académico confirma los hallazgos
El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)-Programa por la Paz publicó en junio de 2025 el informe 'EGC en el Chocó: violencia, poder y miedo', que detalla cómo el Clan del Golfo manipula las necesidades económicas de las familias más vulnerables. "Los miembros del EGC toman control sobre sus vidas desde la manipulación de las necesidades económicas del núcleo familiar. Se acercan a los padres ofreciendo dinero, bienes o servicios, ganándose su confianza", explica el documento.
Esta investigación periodística confirma que la explotación sexual de menores en zonas de conflicto armado colombiano sigue siendo una realidad oculta pero sistemática, que requiere atención urgente de las autoridades y la sociedad en general para proteger a las comunidades más vulnerables del país.
