Este domingo 26 de abril se conoció una denuncia del fotoperiodista Federico Ríos, publicada en el New York Times, sobre la existencia de una explotación de oro vinculada con el Clan del Golfo en predios que pertenecen al Ministerio de Defensa. La explotación, denominada La Mandinga, consistía en actividades a cielo abierto donde decenas de mineros extraían oro de manera ilegal. Esta operación ocurría a pocos metros del Batallón Rifles 31, ubicado en Antioquia, y se había adentrado en su perímetro oficial.
Detalles de la denuncia
En su artículo, Ríos relata que los mineros operaban sin temor a las autoridades, a pesar de que la mina financiaba al Clan del Golfo. Imágenes capturadas con drones mostraron a los mineros utilizando mangueras de alta presión para la extracción del material en una zona boscosa perteneciente a la base militar.
Al ser consultado, el comandante de la base, coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente la actividad. Sin embargo, tras una visita al sitio, los militares ordenaron a los mineros retirarse, advirtiéndoles que era propiedad privada del Ministerio de Defensa y que podrían dispararles. Posteriormente, algunos militares incendiaron máquinas utilizadas en la explotación.
El comandante de la base indicó que aplicaría medidas enérgicas. Ríos señaló que los mineros debían pagar un impuesto al Clan del Golfo por el derecho a explotar La Mandinga, y que muchos creían que ese derecho se extendía incluso a la propiedad militar.
Reacción del Ministerio de Defensa
Al conocerse los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una verificación e investigación inmediata. "No toleraremos ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales, ni admitiremos omisiones en el cumplimiento de nuestro deber institucional de combatir la minería ilegal y los delitos ambientales", afirmó el ministro en su cuenta de X.
Sánchez también destacó que se han reforzado los controles contra la minería ilegal y otras economías ilícitas que financian a grupos criminales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC. "Este año hemos intervenido alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilegal. Esto representa un aumento de resultados superior al 40 % en comparación con el año anterior", indicó.
