Una operación militar con bombardeos ejecutada en el Catatumbo ha propinado uno de los golpes más contundentes contra las estructuras de seguridad del comando central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Norte de Santander. Tropas del Ejército, apoyadas por la Fuerza Aeroespacial y unidades del CTI, irrumpieron en una zona rural de Tibú donde opera una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra, señalada de proteger a altos mandos del ELN.
Detalles del operativo
La operación estuvo dirigida contra hombres bajo el mando de alias ‘Sucre’, identificado como segundo cabecilla de esa comisión. Según información de inteligencia militar, en medio de los combates murieron al menos siete integrantes del grupo criminal. Sin embargo, las autoridades aseguran que los cuerpos fueron retirados rápidamente por otros miembros del ELN, en medio de intensos enfrentamientos y maniobras de hostigamiento contra las tropas que avanzaban hacia la zona objetivo. Durante la incursión también se registraron intentos de ataques con drones cargados con explosivos.
Rol estratégico de la estructura golpeada
La estructura afectada tenía un papel estratégico dentro del ELN. Según las investigaciones, no solo sostenía confrontaciones armadas con integrantes de la Estructura 33 de las disidencias por el control territorial y las rutas ilegales en el Catatumbo, sino que además era la encargada de brindar seguridad a miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional del ELN cuando cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia. Las autoridades consideran que este corredor sobre las riberas del río Catatumbo era clave para la movilidad clandestina de cabecillas, el transporte de armamento y el fortalecimiento de economías ilícitas en la frontera.
Hallazgos en la zona
En medio de la operación, las tropas ubicaron dos zonas campamentarias ocultas entre la vegetación, acondicionadas con sistemas de fortificación y trincheras artesanales. En el lugar también fueron hallados explosivos adaptados para ser lanzados desde drones, además de materiales utilizados para fabricar e instalar minas antipersonal, uno de los principales riesgos para la población civil y la Fuerza Pública en esa región. Las autoridades continúan las labores de registro y aseguramiento en la zona para evitar nuevas acciones hostiles.
