El pasado 25 de abril, hombres armados bloquearon la vía Panamericana a la altura de Cajibío, Cauca, y a las 12:30 p.m. activaron un cilindro bomba escondido en la carretera. Este fue el atentado más mortal contra población civil en el suroccidente colombiano en su historia reciente. Cuatro días después, atacaron a trabajadores de una patrulla de seguridad de un ingenio azucarero en zona rural de Corinto. Allí fue asesinado Juan Carlos Ceballos, de 47 años, padre de cuatro hijos menores de edad. También resultó herido otro trabajador y tres más fueron secuestrados, aunque liberados gracias a la intervención del Ejército Nacional.
La lista de agresiones continúa. El sábado anterior, los delincuentes quemaron los cabezotes de dos trenes cañeros. El miércoles en la tarde, en Caloto, después del asesinato de Ceballos, incendiaron una cosechadora de caña. Se trata de un ataque sistemático contra la economía rural de toda una región.
Impacto económico y social
Para comprender la magnitud de lo que está en juego, es necesario conocer el peso de lo que se ataca. La agroindustria de la caña genera 286.000 empleos en los departamentos de Valle, Cauca y Risaralda. Seis de cada diez familias en la región dependen de este sector. No es un empleo cualquiera: cerca del 100% de los trabajadores cuenta con contrato permanente y el salario más alto del agro en Colombia. Esta agroindustria constituye la columna vertebral del empleo rural formal en una de las zonas más golpeadas del país.
Crecimiento de grupos armados
Mientras esto ocurre, los grupos que atacan el campo crecen en todo el territorio nacional. En apenas un año, más de 5.000 personas se incorporaron a grupos armados ilegales, que ya suman más de 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo. Esto representa un crecimiento del 23,5% en doce meses, según la Fundación Ideas para la Paz.
En una semana se registraron más de 30 atentados, 23 muertos y 56 heridos. La respuesta del Gobierno fue que no existía un caos de seguridad, pero lo cierto es que esta región se les salió de las manos. El agro no funciona sin seguridad, porque un trabajador sale de su turno esperando volver a su casa, y ninguna cadena productiva resiste cuando las carreteras se convierten en autopistas de guerra.
Lo que se necesita
Se requiere presencia estatal permanente y una política de seguridad rural que reconozca al sector agroindustrial como infraestructura estratégica del país. Es necesario que la Fiscalía investigue, los jueces condenen y la Procuraduría vigile para que nadie en el aparato del Estado mire hacia otro lado. La impunidad genera más violencia. Es un círculo vicioso que Colombia no puede seguir aceptando.
El suroccidente en la economía nacional
Colombia no tendrá estabilidad si el suroccidente continúa en este caos. Por Buenaventura sale el 64% del café y el 86% del azúcar. Este puerto mueve cerca del 40% de la carga marítima del comercio exterior no minero energético y más del 50% de los contenedores del país, consolidándose como el principal punto de entrada y salida de mercancías. Por allí ingresa el 35% de los cereales que consumimos y el 45% de los vehículos importados.
Lo que está en juego no es solo la seguridad de una región. Es una disputa territorial entre dos modelos económicos incompatibles: el de la economía legal, que genera empleo formal, paga impuestos, construye infraestructura, apoya comunidades y brinda tranquilidad; frente al de la economía ilegal, que captura territorios, recluta jóvenes y financia el terror. Están atacando un modelo que compite con lo ilegal.
Este es también un llamado a la sociedad civil. Cuando una masacre deja de indignarnos, cuando cambiamos de pantalla porque “eso siempre ha pasado en el Cauca”, estamos cediendo terreno a los violentos. ¡Esto nos compete a todos!
