La guerra por el control territorial en la Sierra Nevada se intensifica
Un video de cuatro minutos y 38 segundos muestra a catorce hombres armados con fusiles, vestidos con camuflaje y pasamontañas negros, en la zona rural de Aracataca, Magdalena. Uno de ellos, con el rostro descubierto, envía un mensaje claro: "Nos mantenemos en el terreno todavía. Las confrontaciones siguen. Esto apenas es el comienzo". Estos combatientes pertenecen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y su mensaje está dirigido tanto al Clan del Golfo como a la población civil: la guerra por las rentas ilegales continúa sin tregua.
Desplazamiento forzado y alertas humanitarias
Antes de la difusión de esta grabación el 23 de febrero, los pobladores ya habían sufrido las consecuencias directas de este conflicto. El Comité de Justicia Transicional confirmó el desplazamiento forzado de 46 familias (aproximadamente 172 personas) desde la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, incluyendo 63 niños, niñas y adolescentes que tuvieron que abandonar sus hogares por la violencia.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado el 22 de febrero alertando sobre la gravedad de la situación: "Aunque hasta el momento no se tiene conocimiento de víctimas civiles, la población continúa expuesta a múltiples riesgos derivados de la presencia de actores armados, la posible existencia de artefactos explosivos en inmediaciones de sus viviendas y la zozobra generada por los hechos ocurridos recientemente". Esta advertencia se suma a la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 que ya había señalado el riesgo alto en la Sierra Nevada y su área de influencia.
Expansión inédita del conflicto
Luis Fernando Trejos, investigador y profesor de la Universidad del Norte, explicó que aunque el conflicto entre estas estructuras armadas inició en 2018 en la zona urbana de Santa Marta, no existían antecedentes de confrontación directa en la zona rural de Aracataca. Desde 2020, la guerra se había trasladado hacia las partes medias y altas de la Sierra Nevada, concentrándose primero en Dibulla, luego en Riohacha, y paralelamente en Ciénaga y Zona Bananera.
"Pero lo que estamos viendo en Aracataca es inédito. Eso lo que indica es que la guerra se está expandiendo por todas las caras de la Sierra Nevada. La particularidad de este caso es que recientemente esa confrontación está causando afectaciones humanitarias que están dándole visibilidad", afirmó Trejos.
Impacto en elecciones y cierre del Parque Tayrona
Los efectos de esta expansión explican la decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia de cerrar el Parque Tayrona desde el 17 de febrero. "Al final lo que estamos viendo es que los hechos le están dando la razón al ente nacional que tomó esa decisión", señaló el profesor Trejos.
Además, el conflicto vulnera el derecho al voto en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, a pesar de que ambos grupos han suscrito acuerdos comprometiéndose a respetar los comicios. En la Sierra Nevada se elegirá una Circunscripción Especial para la Paz (Citrep), figura creada para garantizar representación política en territorios históricamente golpeados por el conflicto. Según Trejos, en medio de esta guerra, esa figura queda en juego y "precariza un mal de esos territorios".
El informe "Mapas y factores de riesgo electoral" de la Misión de Observación Electoral (MOE) señala que la guerra entre las ACSN deja a siete municipios de esa Citrep en riesgo medio:
- Santa Marta, Ciénaga y Fundación en Magdalena
- Dibulla y San Juan del Cesar en La Guajira
- Valledupar en Cesar
Raíces paramilitares y nueva lógica del conflicto
Aracataca ya conoce la violencia paramilitar. En febrero de 1993, las Autodefensas del Palmor (también conocidas como Los Rojas) mataron a cuatro pobladores y arrojaron tres cuerpos al río Tucurica. Nueve años después, en 2002, paramilitares dispararon en un restaurante del municipio, dejando siete muertos.
Las AUC se desmovilizaron, pero sus dinámicas violentas continúan a través de grupos como el Clan del Golfo y las ACSN. "Muchos de los que hoy se confrontan vienen de las AUC y varios pertenecieron al Frente Resistencia Tayrona. Lo que vemos es un claro proceso de reciclaje de combatientes que traen todos los aprendizajes de su paso por las AUC y hoy los replican y actualizan", explicó Trejos.
Sin embargo, la guerra actual tiene una lógica distinta: ya no se trata de un conflicto entre grupos insurgentes contra grupos contrainsurgentes y el Estado, sino de una guerra horizontal entre estructuras criminales. "No está motivada por disputas político-ideológicas, sino por el control del territorio y las rentas presentes en el mismo. Tenemos un grupo con una presencia territorial muy arraigada, que son las ACSN, y otro en proceso de expansión, que son los Gaitanistas", detalló el investigador.
Diálogos de paz sin cese al fuego
Ambos grupos armados están dentro de los procesos de paz total del Gobierno Petro y han firmado acuerdos para no afectar a la población, pero no han logrado pactar una tregua entre ellos. "No hay un cese al fuego entre ellos. Mientras no ataquen a la Fuerza Pública, digamos, que ellos no están incumpliendo con la voluntad de paz. El problema que tienen estas confrontaciones son las afectaciones humanitarias que están causando", afirmó Trejos.
Los daños son multidimensionales: familias encerradas, niños que no pueden ejercer su derecho a la educación, economías locales en riesgo de colapsar. "Estamos hablando de territorios campesinos en los cuales la gente deriva sus ingresos muchas veces de la comercialización de los productos que siembran. No creo que haya posibilidad de comercializarlos", recordó el investigador.
Esta disputa sin banderas políticas ni tregua golpea frontalmente la política de paz total. Sin un cese entre las estructuras y sin una presencia efectiva del Estado en el territorio, la expansión de este conflicto seguirá dejando a su paso desplazamientos y miedo. En Aracataca, donde el paramilitarismo marcó a sus pobladores hace décadas, el riesgo es que esa experiencia se repita bajo nuevas siglas.
