La controversia sobre la existencia de una mina ilegal de oro, presuntamente vinculada al Clan del Golfo, en las cercanías del Batallón de Infantería Número 31 Rifles, en Caucasia (Antioquia), continúa generando debate. El Ejército y el Ministerio de Defensa afirmaron que el predio conocido como La Mandinga está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero esta entidad lo ha negado rotundamente.
Origen de la controversia
El 26 de abril, el Ejército emitió un comunicado señalando que en los límites de la unidad militar se encuentra la finca La Mandinga, de aproximadamente 2.000 hectáreas. Según la institución, entre 2.000 y 2.500 mineros ilegales habrían ocupado el sitio para explotar oro de manera ilegal. El Ejército indicó que desde 2022 informó a la Fiscalía sobre la situación, debido al impacto ambiental y la posible relación con las redes criminales del Clan del Golfo. Desde entonces, han realizado al menos 20 intervenciones para destruir maquinaria y contener el problema.
La postura del Ejército y la respuesta de la SAE
El Ejército sostuvo en su comunicado que el predio La Mandinga está bajo control y administración de la SAE por extinción de dominio, según lo estipulado por la ley. Sin embargo, la SAE respondió con un comunicado en el que niega tajantemente esta afirmación. La entidad señaló que realizó una validación en todos sus sistemas de información y determinó que La Mandinga no es uno de los predios bajo su administración.
La SAE detalló que en 2013 el predio fue objeto de medidas cautelares, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá decretara su embargo en el marco de un proceso de Justicia y Paz. El 18 de febrero de 2020 se ordenó la extinción de dominio y la entrega del predio al Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas. En su momento, la administración del predio estuvo a cargo de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
La SAE concluyó: "La revisión institucional también estableció que La Mandinga no fue entregado a la SAE por parte de la extinta DNE, según consta en las actas de empalme realizadas en septiembre de 2014". La entidad reiteró que su gestión se rige por la verificación documental y el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Interrogantes sin resolver
Ante las versiones contradictorias, surge la pregunta de quién administra realmente el predio y a quién le corresponde su control. Mientras el Ejército insiste en que la SAE es la responsable, la SAE lo niega y señala que el bien pertenece al Fondo para la Reparación de las Víctimas. La situación ha generado confusión y exige una aclaración por parte de las autoridades competentes.
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