La mina de San Pablo de Borbur, en el occidente de Boyacá, lleva más de cuatro siglos extrayendo las codiciadas esmeraldas colombianas. Sin embargo, desde el pasado 10 de febrero, su operación está suspendida. El título minero, que estaba a cargo de Coscuez S.A., una filial de la multinacional Fura Gems del empresario indio Dev Shetty, ha sido completamente saqueado.
Estado de devastación en la mina
Una fuente que visitó recientemente el lugar describió la escena: “Es como si hubieran lanzado una bomba en las instalaciones”. Las fotografías obtenidas por este diario muestran techos derrumbados, tuberías rotas y un grafiti en una pared que dice: “Sintraminería Coscuez. Quebramos la empresa, lo logramos. Triunfamos”, firmado por cinco personas.
Un informe pericial detalla que los transformadores fueron vandalizados y el cableado de cobre sustraído, dejando toda la red subterránea sin energía. Las megaturbinas están inhabilitadas, y sin circuito de aire, ningún frente puede operar. Los soportes fueron destruidos en varios sectores, hay niveles inundados y colapsos parciales en zonas profundas.
Impacto de la minería ilegal
La extracción ilegal invadió las 50 hectáreas del predio y abrió más de 80 bocaminas, llegando incluso hasta el depósito principal. Esto generó pérdidas multimillonarias que se volvieron insostenibles para la compañía. La tecnificación de la guaquería ancestral, con maquinaria y recursos de diversas fuentes, ha convertido la operación en una ‘papa caliente’.
En marzo pasado, la Policía ejecutó la operación ‘Fuego Verde’, allanando y capturando a cinco personas vinculadas a una red de comercialización ilegal de esmeraldas que producía hasta 5.000 millones de pesos en ganancias. La organización criminal extraía el mineral bajo la modalidad de socavón y lo comercializaba en la plaza ‘Chacaro’, en San Pablo de Borbur.
“La estructura contaba con el apoyo indebido de un inspector de Policía de la Alcaldía de ese municipio, quien presuntamente facilitaba información, omitía actuaciones administrativas y fungía como plantero o financiador de túneles ilegales”, afirmó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.
Estos socavones hechizos han provocado la muerte de al menos 40 mineros que quedaron sepultados en túneles sin medidas de seguridad. Además, la presencia ilegal ahuyentó a titulantes extranjeros como Fura Gems, que al contar con certificación RJC para vender esmeraldas a grandes firmas de joyería mundial, requiere una trazabilidad completamente ‘limpia’, sin rastros de guaquería ancestral que no cumple estándares internacionales.
Interés de un heredero de los Molina
En este contexto, EL TIEMPO conoció que Edwin Molina, nieto del ‘zar’ de las esmeraldas Gilberto Molina y dueño de Esmeraldas Santa Rosa, está interesado en quedarse con el título. Molina ofrece pagar el pasivo, que ronda los 35.000 millones de pesos, y asumir el contrato minero. Para enfrentar la invasión ilegal, buscaría un acuerdo con los mineros artesanales, mediado por Corpoboyacá.
La Agencia Nacional Minera informó que el título 122-95M no está en trámite de cesión, pero han realizado mesas de trabajo con autoridades para evaluar la transferencia del título a un tercero.
Temor a una nueva ‘guerra verde’
Antes del colapso, la operación generaba cerca de 600 empleos formales y ventas por unos 70 millones de dólares al año. Hoy, en el título minero de 50 hectáreas se han identificado más de 80 bocaminas ilegales y un censo de 2.033 mineros artesanales dentro del área.
Varios empresarios del sector temen que el “triunfo” de los guaqueros permee otros títulos y, sin un dueño claro, encienda un nuevo episodio de violencia como la ‘guerra verde’ de los años 80, que dejó más de 3.000 muertos.
La Agencia Nacional de Minería sostuvo que “la extracción ilícita de minerales afecta la viabilidad de los proyectos mineros legales, los ingresos del Estado y de los entes territoriales, y genera impactos sociales y ambientales significativos. Es fundamental fortalecer las acciones para contrarrestar estas actividades ilegales mediante la articulación efectiva entre la Autoridad Minera, la Fuerza Pública y demás entidades del Estado”.
