Disturbios en paro minero llevan a toque de queda y ley seca en municipios de Antioquia
En medio de una escalada de violencia durante el paro minero, las alcaldías de Tarazá y Cáceres en Antioquia han anunciado la implementación de un toque de queda y la ley seca. Estas medidas responden a una serie de disturbios registrados el fin de semana, que incluyeron hostigamientos a una caravana médica y la quema de varios vehículos en la vía hacia la costa Caribe.
Violencia en protestas pese a acuerdos iniciales
Aunque la semana pasada el comité promotor del paro minero llegó a los primeros acuerdos con el Gobierno Nacional y las protestas iniciales se desarrollaron de forma pacífica, el fin de semana se presentaron varios hechos violentos. El primero fue la quema de una embarcación de Mineros S.A., seguida del hostigamiento a una misión médica que trasladaba a un niño en grave estado. Ante esto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró su llamado a la intervención de la Fuerza Pública.
Los manifestantes lanzaron piedras a la Fuerza Pública y quemaron varios vehículos, incluyendo motocicletas y otros automotores sobre las vías bloqueadas. Aunque permitieron el paso de vehículos por tres horas durante el plan éxodo del puente festivo, la Undmo terminó interviniendo, lo que provocó graves disturbios. Se registraron incidentes como la quema de vehículos de carga en Caucasia y Cáceres, el saqueo a un supermercado D1 en el barrio Asovivienda de Caucasia, y bloqueos en la vía a Medellín con un bus de transporte público.
Medidas de seguridad implementadas
En respuesta a la situación, la alcaldía de Tarazá decretó la ley seca hasta que finalice el paro minero, junto con un toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente, similar a las medidas ya implementadas en Caucasia. Además, se prohibió la venta y transporte de combustibles en envases para prevenir más incidentes.
En el municipio de Cáceres, se adoptaron medidas similares, incluyendo la prohibición del transporte de materiales como escombros, cilindros de gas y cualquier otro que pueda ser utilizado en enfrentamientos con la fuerza pública. Estas acciones buscan restaurar el orden y garantizar la seguridad de los habitantes ante la creciente tensión.
La situación sigue siendo monitoreada de cerca por las autoridades locales y regionales, quienes instan a la calma y al diálogo para resolver el conflicto minero sin más violencia.
