26 años de la fundación del M-19 y el impacto en la inteligencia nacional bajo Petro
Hoy se cumplen 26 años desde la fundación del M-19, un hecho que marca un punto de partida para analizar las políticas actuales del gobierno de Gustavo Petro. El presidente se ha enfrentado directamente a la Constitución de 1991, la cual es, quizás, el logro histórico que reivindica el proceso de paz con este grupo. Sin embargo, estos procesos de paz, en términos generales, han tenido resultados desfavorables para la seguridad del país.
Las consecuencias de las negociaciones y el aumento de la violencia
Si el acuerdo de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos fue grave, ya que alimentó las disidencias, invitó a reincidir y actuó como un incentivo perverso para el narcotráfico, las acciones de Petro son aún peores. Las treguas pactadas al inicio de las conversaciones, la exigencia a la Fuerza Pública de que incumpla su mandato constitucional, la renuncia a pedirle a los grupos violentos que dejen de delinquir, las alianzas con bandidos para ganar elecciones y gobernar, y la abdicación en la lucha contra el narcotráfico, entre otras decisiones, han favorecido a los violentos.
Esto ha traído como consecuencia que hoy en día haya muchos más violentos en armas, más homicidios, más secuestros y más producción de cocaína que cuando se firmó el pacto con las FARC. La situación actual refleja un deterioro significativo en la seguridad nacional, poniendo en riesgo la estabilidad y la paz en Colombia.
La infiltración y desmonte del sistema nacional de inteligencia
Con todo, la infiltración y el desmonte del sistema nacional de inteligencia es uno de los efectos más atroces atribuidos a Petro y a la izquierda en el poder. La inteligencia es indispensable tanto para la seguridad como para la defensa del país. Es la información estratégica, táctica y operacional de inteligencia la que permite a militares y policías defenderse de manera eficiente de los ataques de los violentos, prepararse frente a las amenazas internacionales y operar de manera efectiva contra los grupos violentos y las bandas delincuenciales. Sin inteligencia, las Fuerzas Armadas y de Policía están prácticamente ciegas.
Más grave aún es que el sistema de inteligencia haya sido infiltrado por criminales. La pregunta de si esto ha ocurrido solo por dinero, por complicidad o si es resultado de una acción deliberada del Gobierno, es legítima, dados los hechos conocidos. Los íntimos de Petro controlan los organismos del Estado que manejan información ciudadana sensible, incluyendo:
- Migración Colombia
- La Unidad Nacional de Protección (UNP)
- La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
- La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
Nombramientos cuestionados y la politización de las entidades
En todas estas entidades, Petro ha nombrado a sus compadres del M-19, desplazando a técnicos que llevaban años trabajando y colocando a personas sin preparación y sin experiencia, pero altamente ideologizadas y leales a su causa. No solo han dejado de realizar sus tareas funcionales, esenciales para combatir la delincuencia y proteger al país y a los ciudadanos, sino que han convertido estas entidades en instrumentos de policía política.
La reincorporación del general Huertas, el nombramiento de Wilmar Mejía—un licenciado en Educación Física—en la DNI y ahora en la UIAF, a sabiendas de su vinculación con ‘Calarcá’, y la defensa que Petro ha hecho de ambos, demuestra el peligroso grado de control institucional que ha alcanzado la criminalidad en este gobierno. Esto plantea una necesidad urgente: si el país decide seguir el peligroso rumbo de seguir negociando con bandidos, debe hacerlo sobre la base de prohibir, de manera expresa, que los desmovilizados accedan a cargos vitales para la seguridad y defensa nacionales, como los del Ministerio de Defensa, Inteligencia y otras entidades clave.
En resumen, a 26 años de la fundación del M-19, las acciones del gobierno de Petro han generado un impacto profundo en la seguridad nacional, debilitando la inteligencia y favoreciendo a grupos violentos, lo que requiere una reflexión crítica sobre el futuro de las políticas de paz y seguridad en Colombia.
