Una nueva amenaza sacude a los mineros de dos subregiones de Antioquia. No solo se difundió un panfleto, sino también un video en el que una mujer vestida con camuflado y emblemas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanza advertencias directas. En las imágenes, que circulan en redes sociales, se acusa a empresarios y dueños de minas de estar respaldados por el Clan del Golfo para, según sus palabras, “violentando toda norma ambiental para saquear los territorios”.
Exigencias de pago y amenazas
En el documento, el grupo guerrillero reclama a los mineros por no pagar extorsiones al ELN, mientras que, según denuncias previas de personeros de la región, sí estarían entregando el 10 % de su producción al Clan del Golfo. Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol, expresó su rechazo: “Históricamente, todos los gobiernos actuales y anteriores nos han convertido en víctimas de los grupos armados al margen de la ley y del estado mismo, que nos ha revictimizado a través de la destrucción de maquinaria”.
Gómez añadió: “Hoy rechazamos contundentemente las amenazas que se vienen dando en el Bajo Cauca y el norte de Antioquia por parte del ELN, quien nos combina a pagar un impuesto de guerra, quien nos señala de ser auxiliares de los grupos paramilitares, que nos convierte en objetivos militares si generamos un daño ambiental cuando la minería es una de las actividades que más impactos ambientales puede causar a la naturaleza”.
Llamado al Gobierno
El grupo insurgente advierte que los empresarios y dueños de minas deben ponerse al día con el “tributo”, de lo contrario su propiedad e integridad serán declaradas “objetivo militar”. Frente a esta situación, Gómez hizo un llamado al Gobierno nacional: “Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que intervenga en esta situación y proteja a los mineros nacionales de estas amenazas de extorsión, de objetivos militares, de secuestro, de todas estas actividades que los grupos ilegales hoy han convertido al pequeño minero en Colombia”.
Pese a las advertencias de defensores de derechos humanos, las autoridades aún no se han pronunciado sobre esta amenaza que mantiene en vilo al gremio minero de la región.
