Análisis experto revela ineficacia de políticas antidrogas en Colombia
El debate sobre la política antidrogas en Colombia se intensifica ante la persistente expansión de cultivos ilícitos y la limitada efectividad de las estrategias gubernamentales. Miguel Tunjano, coronel retirado de la Policía Antinarcóticos y actual analista de políticas públicas, ofrece una evaluación crítica basada en décadas de experiencia en el campo.
Cifras alarmantes y discrepancias oficiales
Según Tunjano, las cifras oficiales del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas registraron 252.000 hectáreas de coca en 2023. Sin embargo, el informe correspondiente a 2024 no ha sido publicado debido a desacuerdos del Gobierno colombiano con los resultados preliminares.
"Estimaciones extraoficiales indican un posible incremento cercano al 10%, lo que ubicaría el área cultivada por encima de 275.000 hectáreas", advierte el experto. Este aumento significativo impacta directamente el potencial de producción de cocaína pura en el territorio nacional.
La paradoja de las incautaciones récord
A pesar de que las autoridades reportan incautaciones históricas de alcaloides, Tunjano explica que este fenómeno responde principalmente al crecimiento exponencial del área cultivada y a mejoras tecnológicas en los procesos de extracción.
"Las incautaciones aumentan, pero no en proporción al crecimiento del área ni de la productividad", señala el coronel retirado. En términos porcentuales, la relación entre producción total e incautación efectiva ha disminuido considerablemente en los últimos años.
Evaluación de los tres pilares antidrogas
El experto analiza los componentes fundamentales de la política internacional contra el narcotráfico:
- Erradicación forzosa: "Ha sido prácticamente nula en los últimos años"
- Interdicción: "Las incautaciones han aumentado, pero no compensan el crecimiento del negocio"
- Judicialización: "Factores estructurales han permitido la permanencia de organizaciones criminales en los territorios"
Fracaso tecnológico y administrativo
Uno de los puntos más críticos identificados por Tunjano es la implementación fallida de drones para erradicación terrestre. Aunque desde 2016 existe autorización para el uso de glifosato mediante aspersión terrestre, las pruebas con drones no se han realizado en condiciones reales de cultivos ilícitos.
"Cuando se trasladan al terreno, enfrentan limitaciones como topografía compleja, tamaño de los lotes, falta de conectividad y condiciones climáticas adversas", explica el analista. Además, los equipos utilizados inicialmente demostraron baja capacidad operativa, obligando a replantear las especificaciones técnicas.
Programa de sustitución voluntaria: lentitud e opacidad
El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos enfrenta graves dificultades según la evaluación de Tunjano:
- Multiplicidad de actores y procesos administrativos que ralentizan su implementación
- Falta de claridad en los resultados y cifras oficiales
- Ausencia de evidencia contundente sobre reducción de áreas cultivadas
"Si las estrategias fueran efectivas, se observaría una reducción en las áreas cultivadas y en la capacidad de las organizaciones criminales", afirma el coronel retirado, destacando que esta reducción no se evidencia en los datos disponibles.
Recomendaciones para una política efectiva
Desde su perspectiva, Tunjano propone ajustes fundamentales en la política contra el narcotráfico:
- Ataque al flujo de dinero ilícito mediante acciones contundentes contra el lavado de activos
- Modernización de la erradicación con tecnologías de mayor alcance y precisión
- Reducción del uso de grupos humanos en operaciones de alto riesgo
- Desarrollo de proyectos agroindustriales competitivos que generen valor agregado sostenible
Nexo con otras economías ilegales
El análisis final revela la interconexión entre el narcotráfico y la minería ilegal. Tunjano destaca que la minería ilegal ofrece ventajas significativas para las organizaciones criminales, ya que el oro puede ingresar directamente al mercado legal sin requerir complejos procesos de lavado de activos.
"Factores internacionales han incrementado el valor del oro, convirtiéndolo en una fuente adicional de ingresos para los grupos armados", concluye el experto, señalando la necesidad de abordar estas economías ilegales de manera integral y coordinada.
