Investigaciones en Estados Unidos apuntan a vínculos de Petro con narcotráfico
El New York Times reveló que dos fiscales federales de la Gran Manzana investigan posibles conexiones del presidente colombiano Gustavo Petro con redes de narcotráfico. Paralelamente, la agencia de noticias Associated Press confirmó que Petro fue designado como "objetivo prioritario" por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), lo que intensifica el escrutinio internacional sobre el mandatario.
Historial de relaciones con narcotraficantes
Los antecedentes documentados muestran una larga trayectoria de relaciones entre Petro y figuras del narcotráfico colombiano. Durante su época como concejal en Zipaquirá, la expansión del barrio Bolívar 83 fue financiada por mafiosos locales, estableciendo un patrón temprano de vinculaciones.
Uno de los episodios más graves ocurrió cuando Pablo Escobar pagó al M-19, organización a la que pertenecía Petro, para el asalto al Palacio de Justicia en 1985. El objetivo declarado era asesinar a los magistrados encargados de procesos de extradición y desaparecer expedientes judiciales contra narcotraficantes.
Financiación de campañas políticas
Durante sus campañas políticas, Petro recibió apoyos de reconocidos narcotraficantes como:
- El 'Hombre Malboro'
- 'Sobrino'
- 'Papá Pitufo'
- 'Pipe Tuluá'
Además, utilizó aviones propiedad del narcotraficante Carlos Eduardo Restrepo Osorio para sus desplazamientos. Según confesiones de su propio hermano, Petro ganó las elecciones gracias al Pacto de la Picota, un acuerdo con presos que incluía beneficios judiciales.
Políticas favorables al narcotráfico
Las acciones de gobierno han sido sistemáticamente favorables a los intereses de los mafiosos:
- Suspensión de la erradicación manual forzada de cultivos ilícitos
- Promoción de asambleas cocaleras financiadas por el Estado
- Presentación de proyectos de ley para legalizar fortunas del narcotráfico
- Suspensión de órdenes de captura y procesos de extradición
- Liberación de capos y otorgamiento de espacios públicos para sus discursos
- Restricciones a la Fuerza Pública para enfrentar a narcotraficantes
- Infiltración del sistema de inteligencia estatal
Consecuencias devastadoras
Los resultados de estas políticas han sido catastróficos para Colombia:
Los grupos mafiosos aumentaron sustancialmente su número de hombres y presencia territorial. Para el 31 de diciembre de 2023, el país registraba 253.000 hectáreas de coca, con una producción de 2.664 toneladas de cocaína. El porcentaje de incautaciones en relación con la producción fue del 28%, el peor índice en al menos dos décadas.
El Gobierno ha impedido que Naciones Unidas divulgue las cifras correspondientes a 2024, que según expertos serían aún más alarmantes. Esta opacidad estadística dificulta la evaluación objetiva de la situación.
Vínculos con grupos armados
La información sobre el asesinato de Miguel Uribe por parte de la Segunda Marquetalia, con presunta participación de "gestores de paz" vinculados a Petro, ha aumentado las sospechas. Petro mismo habría señalado a Uribe como objetivo, según versiones de inteligencia.
La situación se complica con las conexiones del senador Iván Cepeda, aliado político de Petro, quien mantiene viejos vínculos con las FARC y con la Segunda Marquetalia, a cuyos líderes defendió y ayudó a liberar.
Falta de control institucional
Mientras las investigaciones estadounidenses avanzan, en Colombia la Fiscalía General no ha actuado con la debida diligencia y la Comisión de Acusaciones del Congreso ha evitado ejercer control político. Solo un reducido grupo de congresistas exige responsabilidad política por el desastre en la lucha contra el narcotráfico y los presuntos crímenes asociados.
El cerco internacional se estrecha mientras las instituciones colombianas parecen mirar hacia otro lado, generando preocupación sobre la integridad democrática y la capacidad del Estado para enfrentar el narcotráfico de manera efectiva.
