Maduro y Flores solicitan que Venezuela financie su defensa en caso de narcotráfico en EE.UU.
El depuesto Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han reiterado ante el tribunal federal de Nueva York que no poseen recursos económicos para costear su defensa en el caso de narcotráfico en el que están implicados. En un documento presentado recientemente, ambos manifestaron su disposición a aportar pruebas financieras si el juez lo requiere, con el objetivo de reforzar su petición para que el Gobierno de Venezuela asuma los honorarios legales.
Argumentos de la defensa y violaciones constitucionales
Los abogados de Maduro y Flores, Barry Pollack y Mark E. Donelly, argumentaron que la Fiscalía reconoce el derecho de sus clientes a solicitar que Venezuela sufrague su defensa. Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU., que administra sanciones económicas impuestas desde 2015, no ha autorizado dicho pago. Según la defensa, esta negativa interfiere con el derecho constitucional a elegir un equipo legal propio, violando la Sexta Enmienda (derecho a defensa) y la Quinta Enmienda (debido proceso) de la Constitución estadounidense.
La defensa destacó que en casos anteriores, la oficina ha permitido que terceros sancionados paguen honorarios legales, lo que consideran inconsistente en esta situación. Además, rechazaron la propuesta del Gobierno de EE.UU. de aceptar un abogado de oficio, afirmando que esto no constituye un remedio adecuado y los obligaría a una defensa no elegida.
Próximos pasos y audiencia clave
Esta declaración se presentó ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, apenas unos días antes de la próxima audiencia programada para el 26 de este mes. En el documento legal, la defensa pidió al juez Alvin Hellerstein que deseche los cargos por considerar el proceso como "inconstitucionalmente defectuoso" o, en su defecto, que se realice una audiencia para discutir el caso en profundidad.
El escrito concluye que el único remedio viable es el sobreseimiento, ya que permitir que el caso continúe violaría los derechos constitucionales de Maduro y Flores. Este desarrollo ocurre en un contexto donde Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, utilizando las sanciones económicas como presión para un cambio político en el país.
