Una nueva masacre sacudió la mañana de este martes 19 de mayo en el sector de Oropoma, jurisdicción del municipio de Ábrego, en Norte de Santander. Hombres armados interceptaron y atacaron un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dejando un saldo de seis personas fallecidas.
Detalles del ataque
De acuerdo con información preliminar, los atacantes retuvieron el automotor en el corredor vial del departamento y posteriormente dispararon de manera indiscriminada contra sus ocupantes. Este hecho genera una nueva alerta por la grave situación de orden público en la región del Catatumbo.
Entre las víctimas se encuentra Freiman David Velázquez, quien hacía parte del esquema de protección de la UNP y era miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT). Las otras víctimas son sus dos escoltas y tres personas más que lo acompañaban al momento del ataque, para un total de seis fallecidos. Con este hecho, se suman 56 masacres en el país durante el año.
Antecedentes de amenazas
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que el líder juvenil ya había sido objeto de amenazas previas. En enero de este año, su esquema de seguridad habría sido víctima de otro ataque por parte de actores armados que operan en la zona.
Advertencias de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Ábrego con un llamado a la acción inmediata. El documento señala que “la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”. Esta advertencia se suma a la AT 006/26, que advierte sobre el grave riesgo para la población civil en los municipios de Ábrego y Ocaña, debido a la intensificación de la confrontación armada en la subregión del Catatumbo.
El documento menciona posibles alianzas y disputas entre el Eln, las disidencias del Frente 33 y otras estructuras armadas, asociadas a incursiones territoriales, expansión armada y control de economías ilícitas. Asimismo, alerta sobre el riesgo de homicidios, desplazamientos forzados, amenazas y afectaciones contra líderes sociales, firmantes de paz y población civil.
