El reportero gráfico Federico Ríos Escobar, en un reportaje publicado por el New York Times, documentó el hallazgo de una mina de oro ilegal operada por el 'clan del Golfo' que se extendió hasta los terrenos del Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional, en el municipio de Cáceres, Antioquia. Según la investigación, el oro extraído de manera ilegal estaría siendo adquirido por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, a pesar de las regulaciones que prohíben la compra de oro de origen ilícito.
Expansión de la minería ilegal en territorio militar
En su tercera visita a la mina conocida como La Mandinga, Ríos fue informado por un minero de que la explotación se había expandido hasta el área del Batallón Rifles 31. Al sobrevolar la zona, el periodista confirmó que las huellas de degradación ambiental por la extracción de oro llegaban hasta aproximadamente 130 metros de las instalaciones militares. El comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry, inicialmente negó la presencia de la mina, pero tras la evidencia presentada por Ríos, ordenó a los mineros abandonar el lugar. Estos se resistieron verbalmente y los soldados rociaron con gasolina los motores utilizados para la actividad ilícita.
Compra de oro ilegal por la Casa de la Moneda
El reportaje revela que, contrariamente a las certificaciones de la Casa de la Moneda que afirman que todo su oro es producido en Estados Unidos, la entidad sería el último eslabón de una cadena que lava oro extranjero, en gran parte extraído ilegalmente. El 'clan del Golfo' sería el proveedor de este oro, extraído en una antigua finca ganadera en el Bajo Cauca antioqueño, que alguna vez fue administrada por el fondo para la reparación de víctimas.
Reacción del Ministerio de Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, emitió un comunicado en respuesta al reportaje. Afirmó que no tolerará ninguna relación entre miembros del sector defensa y economías criminales, y que ha ordenado una verificación e investigación inmediata sobre la explotación minera ilegal en terrenos de la unidad militar en Caucasia, Antioquia. Sánchez destacó que este año se han intervenido alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas, un aumento superior al 40 % en comparación con el año anterior. Además, advirtió que si se comprueba algún vínculo, omisión o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley.
El hallazgo de Ríos pone en evidencia la complejidad del conflicto en la región, donde la minería ilegal financia a grupos armados y la cadena de comercialización del oro alcanza niveles internacionales, desafiando los controles estatales.
