La minería ilegal de oro, con ingresos que superan los USD 22.000 millones, dejó de ser una actividad marginal para convertirse en una de las principales fuentes de financiación de grupos armados en Colombia. Un reciente operativo del Ejército en la vereda Las Cruces, en Ataco (Tolima), reveló la magnitud de este fenómeno.
Operativo en Ataco: un territorio transformado
A las 2:20 de la tarde del 17 de abril, dos helicópteros del Ejército rompieron el silencio sobre la vereda Las Cruces. Desde el aire, se observaba un paisaje devastado: un parche de bosque talado, más de 20 huecos llenos de agua, montículos de tierra de hasta seis metros y, en medio del barro, decenas de personas moviendo bateas. Alrededor de 100 personas, entre hombres, mujeres y niños, todos cubiertos de lodo, trabajaban en la extracción ilegal de oro.
Financiación de grupos armados
Según las autoridades, esta actividad ilícita genera enormes ganancias que son utilizadas por grupos armados como las disidencias de las Farc, lideradas por Iván Mordisco, para financiar sus operaciones. La minería ilegal se ha convertido en un negocio más lucrativo que el narcotráfico en algunas regiones, con un impacto ambiental y social devastador.
Impacto ambiental y social
La explotación ilegal de oro no solo financia la violencia, sino que también contamina ríos como el Saldaña, destruye ecosistemas y pone en riesgo la salud de las comunidades. Los barequeros, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, son explotados por las organizaciones criminales que controlan las minas.
El Estado llegaba tarde a la vereda Las Cruces, pero el operativo busca desmantelar estas redes ilegales. Sin embargo, el desafío es enorme: la minería ilegal de oro sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos para los grupos armados en Colombia.
