Minería ilegal del Clan del Golfo dentro de una base militar en Colombia
Una investigación periodística de The New York Times ha puesto al descubierto una de las contradicciones más surreales del conflicto colombiano: el Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa del país, opera una gigantesca mina de oro ilegal dentro del perímetro del Batallón Rifles 31, una unidad del Ejército Nacional en el noroeste de Colombia.
El informe revela que la mina “La Mandinga” se ha extendido hasta apenas 137 metros de las instalaciones recreativas de la base. Lo más grave, sin embargo, trasciende las fronteras: parte de ese metal, “lavado” mediante un sencillo sistema de papeleo, ha terminado convertido en monedas oficiales vendidas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos como producto “100% estadounidense”.
Una mina en el corazón del Ejército
La proximidad de la operación ilegal es tal que los generadores diésel de los mineros se escuchan desde las oficinas militares. Imágenes satelitales confirman que la deforestación ha devorado el bosque tropical hasta rodear la base.
Un encuentro documentado por el fotoperiodista Federico Ríos describe una escena dantesca: cuando el coronel Daniel Echeverry, comandante de la unidad, intentó desalojar a los mineros tras la presión de la prensa, fue recibido con piedras, machetes y gasolina. El incidente plantea una duda razonable sobre la soberanía estatal: si el Ejército no controla su propio patio, ¿quién controla el resto del territorio?
Un campamento minero en “patio ajeno”
La proximidad de la explotación es casi inverosímil. Los mineros, que trabajan en condiciones infrahumanas y utilizan mercurio altamente tóxico, han traspasado los límites de la base militar hasta situarse a escasos 137 metros de las zonas privadas de los oficiales.
El relato del fotoperiodista Federico Ríos describe una atmósfera de surrealismo absoluto. Durante un recorrido, el comandante de la unidad, el coronel Daniel Echeverry, se vio obligado a confrontar a los mineros frente a las cámaras de la prensa internacional. La respuesta de los trabajadores, lejos de ser sumisa, fue violenta: armados con machetes y piedras, uno de ellos llegó a rociar con gasolina al coronel y a los periodistas, evidenciando que, en ese terreno, la autoridad del Estado es apenas un espejismo.
La “lavandería” de Caucasia: El rastro del dinero
¿Cómo puede el oro de un cartel sancionado llegar a los bolsillos de inversores estadounidenses? La clave reside en la ciudad de Caucasia, el epicentro comercial del Bajo Cauca antioqueño. Allí, cientos de locales de compraventa operan como una “lavandería” de documentos:
- Suplantación de identidad: El oro de La Mandinga se registra bajo nombres de mineros artesanales que poseen licencias legales (reservadas para quienes no usan maquinaria ni mercurio).
- Blanqueo documental: Una vez que el gramo entra al sistema legal con un papel firmado, su origen criminal se borra.
- Exportación masiva: El metal se funde con suministros de otras regiones y se envía a refinerías en Texas, como Dillon Gage en Dallas, donde los registros muestran envíos por 255 millones de dólares vinculados a esta cadena en el último año.
El silencio roto de la Casa de la Moneda
Por décadas, la Casa de la Moneda de EE. UU. ha tenido prohibido por ley comprar oro extranjero para evitar la complicidad con violaciones de derechos humanos. Sin embargo, una auditoría reciente reveló que la institución nunca cuestionó a sus proveedores sobre el origen real del metal. Tras las revelaciones del Times, la respuesta oficial cambió drásticamente: el oro ya no es “100% estadounidense”, sino “principalmente” nacional, lo que ha llevado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a ordenar una revisión urgente de todas las compras.
Desastre ambiental y financiero
Mientras el precio del oro alcanza máximos históricos de 5.000 dólares la onza, los incentivos para el crimen son imparables. En Colombia, la minería ilegal ya genera más recursos para los grupos armados que el propio narcotráfico. En La Mandinga, el Clan del Golfo cobra “vacunas” de 400 dólares mensuales a cada equipo minero, financiando una guerra que desangra al país.
El impacto ecológico es igualmente dantesco: bosques tropicales reducidos a pozos de lodo tóxico y ríos contaminados con mercurio que afectarán a las comunidades locales durante generaciones.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha prometido “total contundencia” y castigos para cualquier militar que haya permitido esta “connivencia criminal”. Sin embargo, la pregunta del diario norteamericano resuena con fuerza en los pasillos del poder: si el Estado no puede detener a un cartel en su propia base militar, ¿qué esperanza queda para el resto de la nación?
