La política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Colombia comienza a mostrar resultados concretos y un cambio de paradigma. Alejada de la erradicación forzada y del uso de químicos como el glifosato, el Gobierno apuesta por un modelo concertado con las comunidades, respaldado internacionalmente y con promesas de continuidad.
Más de 42 mil hectáreas en proceso de sustitución
Durante un reciente Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, presentó un balance que marca el ritmo de esta estrategia. Actualmente, más de 42.500 hectáreas están en proceso de sustitución, mientras que 6.386 ya han sido erradicadas de manera efectiva, con verificación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Respaldo internacional fortalece la credibilidad
Uno de los puntos clave del informe es que los resultados ya cuentan con validación externa, lo que otorga peso a la estrategia en escenarios internacionales. La verificación por parte de la ONU no solo respalda las cifras, sino que también fortalece la credibilidad de un modelo que durante años fue cuestionado por su ejecución. La meta del Gobierno es ambiciosa: alcanzar las 30.000 hectáreas erradicadas antes de finalizar el mandato. Sin embargo, más allá de la cifra, se busca consolidar un proceso sostenible que no dependa del cambio de administración. En esa línea, se insiste en que los compromisos adquiridos con las comunidades campesinas deberán mantenerse en el tiempo.
Recursos contratados para evitar vacíos presupuestales
A diferencia de experiencias pasadas, la actual estrategia asegura contar con recursos ya contratados, lo que busca evitar vacíos presupuestales que en otros momentos frenaron los avances y generaron desconfianza en los territorios. Este enfoque pretende garantizar la continuidad de los programas de sustitución, independientemente de los cambios políticos.
Comunidades lideran el cambio en regiones clave
El papel de las comunidades ha sido determinante, especialmente en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado como el Catatumbo. Allí, miles de hectáreas están en transición hacia economías legales, en medio de un contexto complejo por la presencia de grupos armados. En regiones como Putumayo, incluso se están desarrollando esquemas inéditos de trabajo conjunto entre la Fuerza Pública y las comunidades, en jornadas de erradicación manual que buscan acelerar el proceso sin recurrir a métodos controvertidos.
Nariño se posiciona como territorio clave
Nariño también se posiciona como uno de los territorios clave en esta transformación. Con miles de familias vinculadas, la apuesta se centra en cultivos legales como el cacao, que no solo ofrece ingresos estables, sino también posibilidades de transformación industrial que multiplican su valor en el mercado. Este giro hacia la agroindustria y el fortalecimiento de economías locales se complementa con iniciativas como la creación de cooperativas y políticas de largo plazo que garanticen comercialización y sostenibilidad.
En medio de este panorama, el Gobierno insiste en que la transición no solo busca reducir los cultivos ilícitos, sino también sentar las bases de una economía rural más estable. El desafío, sin embargo, sigue siendo enorme: mantener la confianza de las comunidades, garantizar seguridad en los territorios y cumplir las metas en un escenario marcado por tensiones históricas.
